La Compañía General de Electricidad (CGE) ha verificado este año el robo de 200 kilómetros de cables en todo el país. Este delito, que representa una de las principales causas de interrupciones de suministro, afecta no solo por los cortes de luz domiciliarios, sino que complica fuertemente la provisión para hospitales, escuelas y personas electrodependientes. Estas consecuencias no han impedido que este delito siga especializándose. En uno de sus últimos procedimientos, la PDI detuvo a más de 30 sujetos del llamado “Cártel del Cobre”, organización dedicada al robo y fundición de dicho elemento, para luego venderlo al extranjero y en el comercio nacional. La banda estaba liderada por alguien que tenía una empresa de fundición.

Tras hechos repetitivos de robo de cables, la preocupación llegó al Congreso, donde el diputado Cristóbal Martínez (UDI) llamó a mediados de noviembre a tramitar con la máxima urgencia posible un proyecto de ley -que presentó en agosto junto a un grupo de parlamentarios-, y que busca precisamente tipificar como delito el robo y hurto de cables eléctricos -especialmente de cobres- en el país.

Normalmente, este tipo de operaciones que operan entre la clandestinidad y la formalidad no siguen realmente ningún estándar de calidad. Los cables robados potencialmente dejaron sin suministro eléctrico o sin telecomunicaciones a poblaciones en que habitan personas, ellos son los primeros perjudicados. Luego, si el cobre contenido en los cables robados se fundió para hacer nuevos cables, ahí hay un nuevo riesgo para las personas.

Si los cables son fabricados de cobre refundido de diferente calidad o pureza, afecta en la conductividad del producto. Un cable fabricado con cobre de una pureza inferior es un peor conductor, y por lo tanto opone mayor resistencia al flujo de energía. Es posible que un cable fabricado con cobre refundido de baja pureza, probablemente mezclado con otros metales más baratos pueda provocar por efecto joule la elevación de temperatura que lleven a degradar los compuestos reduciendo la vida útil y generando posibles riesgos de electrocución o incendios en el tiempo.

Para garantizar que un cable eléctrico esté fabricado con cobre puro, basta con exigir al proveedor que demuestre la procedencia de la compra del cobre y los certificados de calidad asociados. Por ejemplo, la industria minera trabaja con estándares de calidad bien desarrollados y es común que soliciten este tipo de documentos que permiten una trazabilidad al momento de adquirir conductores eléctricos. Los cátodos certificados de clase A son los más puros, ideales para la fabricación de conductores eléctricos. En Covisa usamos solo este tipo de cátodos, certificados y registrados en la bolsa de metales de Londres. Estos cátodos provienen de las mineras más reconocidas de Chile y poseen la más alta pureza comprobable, 99.99% de pureza.

Lamentablemente, el cobre refundido o reciclado puede tener un alto riesgo de tener un origen ilegal. Por esto, Chile debe avanzar en generar una industria de reciclaje de cobre formal y bien regulada, utilizando solo cobre de alta pureza, porque reciclar cobre será necesario para enfrentar la escasez que gatillará la transición energética. Respecto a certificaciones, lo primero es que los cables deben tener certificación SEC. Luego, sería recomendable exigir al proveedor de cables la trazabilidad de su materia prima y los certificados de calidad respectivos que demuestren que dicho conductor ha sido probado y testeado para funcionar de manera correcta, transmitir la energía de manera correcta y segura, y perdurar en el tiempo.

Jorge Gorigoitía Maritano

Subgerente de Ventas-Distribución de COVISA (https://covisa.cl/).