La Ley de Delitos Económicos y Delitos contra el Medio Ambiente, ha generado un nuevo escenario para las empresas medianas y grandes del país. Esta legislación obliga a las compañías a implementar un robusto modelo de prevención de delitos ampliando el alcance de los delitos tipificados y extendiendo la responsabilidad tanto a personas naturales como jurídicas, lo que, según expertos, presenta la necesidad de que las organizaciones deban reformular sus estrategias de compliance, poniendo especial atención en la gestión de proveedores y en el fortalecimiento de sus controles internos.
Para Fernando Ramos, fundador y CEO de 2Win, empresa que ofrece diversos sistemas y ERP que trabajan bajo tecnología Cloud, más allá de lo legal, un aspecto crucial de la nueva ley es la necesidad de implementar procesos rigurosos en la selección y monitoreo de proveedores, donde la adopción de nuevas tecnologías para el cumplimiento de la nueva normativa, ofrece beneficios adicionales a las empresas.
“La implementación de medidas solidas de compliance respaldadas por herramientas de clase mundial, no solo ayuda a prevenir situaciones legales comprometedoras, sino que también, fortalece la reputación corporativa y aumenta el valor percibido frente a inversionistas y accionistas”, comenta el ejecutivo.
Estándares internacionales
En línea con lo anterior, el especialista indica como ejemplo que, en el caso de las soluciones ERP, aquellas como Oracle NetSuite y FullStep, se distinguen por su capacidad para generar flujos de aprobación en procesos críticos, respaldando cada operación con documentación detallada y comunicaciones trazables, estando acordes a los nuevos requerimientos.
“Las soluciones ERP de 2Win cuentan con certificaciones internacionales como SOX, PCI DSS y SAE18, que garantizan la integridad de la información y prevenir fraudes internos. Además, al operar bajo la modalidad Cloud y SaaS, estos sistemas aseguran que ningún usuario individual pueda manipular la información sin dejar un rastro completo, proporcionando un nivel de seguridad que sería extremadamente costoso de implementar de forma autónoma”, comenta Fernando Ramos.
Además, el ejecutivo complementa: “Con la implementación de estas soluciones, las empresas chilenas pueden enfrentar con confianza los desafíos planteados por la nueva ley de delitos económicos, asegurando un cumplimiento efectivo y fortaleciendo su posición en el mercado, gracias la ventaja competitiva en términos de gestión de riesgos y eficiencia operativa que estos instrumentos brindan a las organizaciones”.
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