Marcela Rivas Cerda, destacada abogada urbanista chilena, propone cambios claves en la normativa urbana que favorezcan la integración social y la eficiencia del transporte público.
Un reciente estudio del Centro Interdisciplinario de Data Science de la Universidad Diego Portales (UDP) analizó los hábitos de transporte en la capital chilena, utilizando datos de más de cuatro millones de tarjetas Bip!.
Los resultados revelan una profunda desigualdad: en comunas con baja accesibilidad al transporte público, como La Pintana, Puente Alto y Pudahuel, en que un alto porcentaje de los usuarios comienza sus viajes entre las 4:00 y 7:30 horas, mucho antes de la hora punta.
En contraste, comunas como Providencia, Vitacura y Las Condes presentan tasas de usuarios madrugadores, de entre un 4 % y un 5%, sumando lo anterior a que una gran parte de la movilidad en estas áreas se realiza en vehículos privados.
“No podemos permitir que la ubicación de la vivienda siga marcando las diferencias en los tiempos de desplazamiento de las personas. La planificación territorial debe ser una herramienta para promover la equidad, y esto pasa por densificar las áreas cercanas a los servicios de transporte público”, sostiene Marcela Rivas Cerda, abogada urbanista que aboga por reformas estructurales en las normas urbanísticas para mejorar la cohesión social.
El estudio también detectó que los entornos urbanos cercanos a 16 estaciones de transporte poseen densidades poblacionales más bajas que el promedio comunal.
Esto se atribuye a normas urbanísticas que imponen densidades medias o bajas en áreas estratégicas. Estas decisiones afectan negativamente la rentabilidad social del transporte público y perpetúan la desigualdad en el acceso a oportunidades.
Según Marcela Rivas Cerda, la Ley General de Urbanismo y Construcción (LGUC) y su Ordenanza General (OGUC) juegan un rol crucial en esta problemática.
La planificación urbana, que debe alinearse con objetivos nacionales, regionales y comunales de desarrollo socioeconómico, se realiza en tres niveles: nacional, intercomunal y comunal.
Sin embargo, la falta de cohesión entre estas instancias provoca que las decisiones comunales a menudo no prioricen la integración social y económica.
Para la abogada urbanista Marcela Rivas Cerda, establecer densidades altas en las áreas cercanas a estaciones de transporte público es esencial.
Propone que dentro de un radio de 700 metros a pie desde los accesos de estaciones de metro, tren urbano o suburbano, se promueva una mayor densificación. Esto garantizaría una mejor utilización de los recursos públicos y optimizaría la rentabilidad social de las inversiones en transporte.
“Si queremos ciudades más inclusivas, debemos aprovechar al máximo las inversiones en transporte público. No basta con tener estaciones de metro. Es fundamental que quienes viven cerca de ellas puedan acceder a una oferta habitacional adecuada y diversa. De esta manera, no solo reducimos los tiempos de traslado, sino que también fomentamos la equidad urbana”, afirma Rivas Cerda.
Marcela Rivas también advierte que muchas autoridades comunales tienden a limitar las alturas y densidades en zonas estratégicas por considerar que son medidas impopulares entre sus votantes.
Sin embargo, esta práctica disminuye la eficiencia del transporte público y aumenta las brechas sociales, dado que las áreas con buena conectividad podrían albergar más viviendas y ofrecer mayores oportunidades a una población diversa.
Rivas Cerda subraya que la LGUC y su Ordenanza deben ser revisadas para establecer densidades mínimas en sectores bien conectados.
De esta manera, las áreas cercanas a estaciones de transporte público—ya sea existentes, en construcción o planificadas—aprovecharían mejor los beneficios sociales de estas inversiones. Para la abogada, es fundamental que las normativas nacionales prioricen la cohesión territorial y fomenten la interrelación eficiente entre comunas.
“Es imperativo regular a nivel regional y nacional para evitar la fragmentación en la planificación urbana”, destaca Marcela Rivas Cerda. Solo así se logrará disminuir las desigualdades en tiempos de desplazamiento, maximizando la eficiencia del transporte público y favoreciendo el desarrollo sostenible de las ciudades.
La abogada chilena enfatiza que la planificación urbana debe ser una herramienta activa en la reducción de desigualdades sociales. Las reformas propuestas por esta destacada abogada apuntan a densificar las zonas con acceso a transporte público y optimizar la rentabilidad social de estas inversiones.
Adoptar una mirada estratégica en la gestión territorial permitirá mejorar la calidad de vida de los habitantes, reduciendo los tiempos de desplazamiento y promoviendo ciudades más equitativas y sostenibles.
Este enfoque integral propuesto por Marcela Rivas Cerda busca sentar las bases de una ciudad donde el acceso a oportunidades no dependa del lugar de residencia, sino de una planificación coherente y eficiente que beneficie a todos los ciudadanos.
Marcela Rivas Cerda es la actual Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Vivienda. Es abogada de profesión y posee un Magíster en Derecho Informático y de las Telecomunicaciones, además de un Magíster en Economía y Gestión de Empresas.
Su amplia trayectoria en el servicio público y el ámbito privado le ha permitido cultivar una visión sustentable sobre el desarrollo de las ciudades, en donde, además de promover la creación de espacios urbanos amigables con el medio ambiente, mantiene una visión muy ligada a la inclusión social dentro de las ciudades.
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