• La actualización de la ley incluye un importante aumento de delitos base por los cuales las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables, así como la modificación de ciertos criterios referidos a la atribución de responsabilidad penal y a las exigencias legales que deben cumplir los Modelos de Prevención de Delitos.

 En un importante avance en la regulación empresarial, el Gobierno promulgó las modificaciones a la Ley sobre Responsabilidad Penal de las Empresas que busca fortalecer la responsabilidad corporativa y mejorar los mecanismos de prevención de riesgos. Esta legislación introduce medidas cruciales que obligan a las empresas a adoptar modelos de prevención más robustos y amplía significativamente el rol de los abogados en la implementación y supervisión de estas políticas.

La normativa introdujo diversas innovaciones en el orden socioeconómico, destacándose dentro de sus materias, la sistematización de los delitos vinculados a la actividad empresarial bajo cuatro categorías de delitos; la creación de nuevos delitos, como, por ejemplo, la incorporación de un nuevo título al Código Penal denominado “Atentados contra el medio ambiente”, y el establecimiento de nuevas penas y sanciones, así como el fortalecimiento de las ya existentes.

Las modificaciones a la Ley N°20.393, que comenzaron a regir el 1 de septiembre de 2024 traen aparejadas, en lo medular, el aumento sustantivo de la cantidad de delitos base por los cuales las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables, así como la modificación de ciertos criterios referidos a la atribución de responsabilidad penal y a las exigencias legales que deben cumplir los Modelos de Prevención de Delitos.

Modelo de Prevención de Delitos

Una de las principales innovaciones de esta legislación es la exigencia de que las empresas implementen un modelo de prevención de delitos que contemple prácticas adecuadas para detectar y prevenir actividades delictivas. Estos modelos deben incluir:

• Políticas Internas Claras: Normas y procedimientos detallados para la conducta empresarial y la prevención de delitos.
• Formación y Sensibilización: Programas de capacitación continua para empleados y directivos sobre ética empresarial y cumplimiento normativo.
• Auditorías y Monitoreo: Mecanismos para la supervisión constante y la evaluación de la eficacia del modelo de prevención.
• Canales de Denuncia: Procedimientos seguros y confidenciales para reportar irregularidades o comportamientos sospechosos.

En este nuevo contexto, el papel de los equipos jurídicos se vuelve indispensable, puesto que tendrán que diseñar Modelos de Prevención de Delitos a la medida del negocio de la empresa que se trate, permitiéndoles crear e implementar políticas y procedimientos que cumplan con los requisitos legales y que recojan los riesgos penales inherentes a su actividad.

“Esta ley no sólo busca aumentar la responsabilidad corporativa y reducir el riesgo de delitos empresariales, sino también fomentar una cultura de cumplimiento y ética en el ámbito corporativo. La colaboración entre empresas y abogados será fundamental para el éxito de esta normativa y para la creación de entornos empresariales más seguros y responsables”, señala Belén Quezada, abogada senior de Apparcel Uriarte (https://apparcel.cl/).

El rol de los equipos jurídicos, especialmente de los abogados, será clave en este nuevo escenario, puesto que deberán llevar a cabo revisiones periódicas para asegurar que las políticas de prevención sean efectivas y estén actualizadas; ofrecer asesoramiento continuo sobre los riesgos legales y las mejores prácticas para mitigar posibles delitos y defender a las empresas en caso de investigaciones o acusaciones relacionadas con incumplimientos a esta normativa.

Para más información sobre la Ley sobre Responsabilidad Penal de las Empresas y cómo afecta a las organizaciones, puedes ingresar https://apparcel.cl/