Por Antonio Vicente Canale-Mayet, presidente de la Asociación Chilena de Plataformas de Movilidad.

Santiago, abril de 2025.

La reciente aprobación del reglamento para las Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT), que impone una serie de restricciones técnicas a los conductores y vehículos de movilidad compartida, ha sido justificada reiteradamente por la autoridad como un paso necesario en pos de avances sustantivos en materia de protección y seguridad.

Dichas afirmaciones carecen de validez, ya que las exigencias contenidas en el reglamento no son más que aquellas que el sector ya aplica desde hace casi una década, como la revisión de antecedentes penales.

Así la autoridad desconoce mecanismos fundamentales que hoy son esenciales para salvaguardar a conductores y pasajeros, como son la validación de identidad, el monitoreo automatizado o la colaboración directa con autoridades en caso de incidentes. 

Las empresas agrupadas en ACHIPLAM ya operan con estándares superiores a los exigidos.

Contamos con herramientas que analizan patrones de comportamiento en viajes y cuentas para detectar riesgos o amenazas; reconocimiento facial para identificar comportamientos irregulares y tomar las medidas pertinentes; y plataformas con un canal exclusivo de coordinación con entidades locales oficiales, que agilizan la entrega de información relevante cuando hay una investigación en curso. 

Además, innovamos constantemente con soluciones con funcionalidad que examina variables críticas en tiempo real —como trayectos poco concurridos o solicitudes nocturnas— para asignar conductores con mejor historial, mejorando así la experiencia y tranquilidad de quienes viajan, especialmente las mujeres.

Esta mirada proactiva y basada en inteligencia artificial es la que debería inspirar una regulación moderna, no una que omite avances reales y expone a mayor vulnerabilidad.

Desde ACHIPLAM, reafirmamos nuestro compromiso con una movilidad segura, inclusiva y adaptada a los desafíos actuales. Aunque nuestras recomendaciones técnicas no fueron tomadas en cuenta, nuestro enfoque estará puesto en lograr que la implementación de esta normativa minimice sus efectos negativos y no restrinja el acceso a un servicio que hoy es parte esencial del día a día para millones de chilenos. 

Nuestra responsabilidad es con todos: con los pasajeros, que merecen trasladarse con confianza; con los conductores, que buscan generar ganancias de forma estable y protegida; con las autoridades, a quienes seguiremos apoyando con datos y tecnología para la prevención y resolución de hechos; y con la sociedad en su conjunto, que espera soluciones eficientes, innovadoras y responsables.

Continuaremos impulsando una movilidad más segura, conectada y al servicio de las personas, y esperemos que el Ministro amplíe su visión y su capacidad de escucha para entender que sin la colaboración y el diálogo con la industria, la regulación EAT no será viable de implementar o, peor aún, generará un enorme impacto negativo cuyo costo lo sufrirán los ciudadanos de Chile.