Una de las causas que argumentó Estados Unidos para aplicar un arancel del 10% a Chile en materia comercial fueron los reparos que el gobierno de Donald Trump hizo a la efectividad de las políticas de resguardo y protección de los derechos de propiedad intelectual que está implementando Chile.
Para la abogada y directora del estudio Ruiz Salazar, Mariela Ruiz Salazar, estos cuestionamientos son razonables. “Cuando dos países firman un TLC no sólo se comprometen a bajar aranceles, también se obligan a cumplir estándares en distintas áreas, incluyendo propiedad intelectual. Si uno de los países no cumple, el otro tiene el derecho de aplicar medidas”, sostiene.
Agrega que este es un aspecto donde Estados Unidos viene haciendo observaciones desde hace años “sobre cómo Chile protege y aplica los derechos de propiedad intelectual. La mayoría de estas críticas están contenidas en el llamado Informe Especial 301, que publica anualmente la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU”.
• La aplicación insuficiente de las sanciones por piratería, falsificación y uso no autorizado de contenidos protegidos.
• La falta de un sistema que impida el registro sanitario de medicamentos que podrían infringir patentes (lo que se conoce como “patent linkage”).
• Un control fronterizo todavía débil frente al ingreso de productos falsificados.
• Y, en general, la percepción de que existe una brecha entre lo que dicen nuestras leyes y lo que efectivamente ocurre en la práctica.
A esto se suma la lentitud en la adopción de compromisos asumidos hace más de una década en el Tratado de Libre Comercio entre ambos países.
Mariela Ruiz Salazar, subraya que, para Estados Unidos, la propiedad intelectual “no es un asunto secundario. Es parte del corazón de su economía. Gran parte de sus exportaciones (desde tecnología, software y películas hasta medicamentos y marcas), depende de que esos derechos sean respetados en los mercados donde llegan”.
Ruiz Salazar considera que, si bien se ha avanzado en la legislación de propiedad intelectual, estos avances “han sido lentos, fragmentados y, en algunos casos, postergados sin justificación clara”. Desde esa perspectiva, considera que otros países de la región como México o Colombia, “han tenido una actitud más decidida para adaptar sus sistemas a los nuevos estándares internacionales”.
Desde el estudio de abogados estiman que el impacto que estos aranceles tendrán en las empresas, va a depender del tipo de empresa. “Para las grandes empresas, esto puede significar una dificultad, pero probablemente manejable. Para las medianas o pequeñas, que muchas veces han logrado posicionarse en nichos muy específicos, puede ser una barrera insalvable. Además, este tipo de sanciones genera un clima de incertidumbre que complica la atracción de inversión extranjera y debilita la imagen del país”, indica Mariela Ruiz Salazar.
Ruiz Salazar es un estudio de abogados fundado por la abogada Mariela Ruiz Salazar que ofrece una asesoría jurídica integral basada en la prestación de servicios en las áreas de Derecho Civil, Societario, Comercial, Tributario, Penal, laboral, Propiedad Intelectual, e industrial, con el objetivo de que empresas, emprendedores y personas puedan alcanzar sus objetivos o solucionar sus inconvenientes.
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