Esta actividad podría afectar la capacidad del océano para capturar carbono y alterar la cadena alimenticia y el hábitat de las especies, además de impactar en economías que dependen de la pesca, advierte Bobbi-Jo Dobush, especialista independiente en Economía y Responsabilidad Legal de la Minería en Aguas Profundas.

El 22 de mayo es el Día Mundial de la Biodiversidad, fecha que sirve para poner el foco sobre los ecosistemas que se encuentran bajo amenaza. Uno de ellos es el fondo marino, por la llamada minería submarina, o en aguas profundas (por su traducción del inglés).

Cada cierto tiempo surgen iniciativas que prometen potenciar el desarrollo de esta industria. La última de ellas ocurrió hace un mes, cuando el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para impulsar la búsqueda de minerales que se consideran críticos para el desarrollo y la seguridad, como níquel, cobalto, cobre y manganeso, entre otros, dentro del lecho marino. Esta medida, tomada de manera autónoma y unilateral, contraviene acuerdos establecidos por Naciones Unidas y, de avanzar, advierten los especialistas, podría traer graves consecuencias ambientales, a nivel climático y de biodiversidad. 

El océano cumple la función de regular el clima, absorbiendo alrededor del 90% del exceso de calor y casi un cuarto del dióxido de carbono de origen humano; también producen entre el 50% y el 85% del oxígeno que respiramos gracias a la fotosíntesis del fitoplancton. “La minería submarina podría alterar los procesos naturales del ciclo de carbono oceanico, que incluye el intercambio y movimiento de carbono entre el océano, la atmósfera y el fondo marino, donde queda almacenado. Eso puede significar más CO₂ en la atmósfera y, por lo tanto, acelerar el cambio climático y sus consecuencias”, explica Bobbi-Jo Dobush, abogada ambiental independiente y especialista en Economía y Responsabilidad Legal de la Minería en Aguas Profundas. 

Además, provocaría descargas de sedimento que aumentan la turbidez del agua y la sedimentación, provocando la sofocación de hábitats y la interrupción de la red trófica mesopelágica, que corresponde a la cadena alimentaria que se desarrolla entre los 200 y 1.000 metros de profundidad. “Una menor disponibilidad de especies en la base de esta red afectaría a peces pequeños y, en consecuencia, a grandes depredadores como el atún, poniendo en riesgo ecosistemas completos y también economías locales que dependen de la pesca”, advierte la especialista.

Junto con el impacto climático, está la fragilidad de los ecosistemas marinos. “Las profundidades del océano albergan especies únicas, adaptadas a condiciones estables durante millones de años. Intervenir estos hábitats con maquinaria industrial podría causar pérdidas irreversibles”, dice. Las especies de aguas profundas tienen tasas de crecimiento extremadamente lentas y baja capacidad de recuperación. “Su destrucción no solo es grave ecológicamente, sino también éticamente, ya que muchas de ellas ni siquiera han sido descubiertas”, agrega.

Por último, como experta en economía en minería submarina, Dobush asegura que no existe un modelo de negocio sólido para la minería del lecho marino y que los modelos financieros que existen son poco realistas. “No consideran los altos costos operacionales y las dificultades técnicas que requiere la minería en aguas profundas y que amenazan cualquier posibilidad de rentabilidad”, asegura.

Desde Greenpeace Chile, Silvana Espinosa advierte que estamos en un momento crítico para la biodiversidad planetaria. “Estamos a tiempo de frenar esta nueva fiebre del oro en el fondo del mar. Exigimos una moratoria global que ponga en pausa la minería submarina antes de que los daños sean irreversibles”, afirma la vocera de la organización ambientalista.

“No podemos permitir que una industria riesgosa, cuyo potencial económico es desconocido, imponga costos ambientales y sociales que pagaremos todos. El océano es un aliado clave en la lucha contra la crisis climática, no un botín”, agrega Espinosa.

Greenpeace reitera su llamado a los gobiernos, en particular a los que son parte de la ISA, apoyen la moratoria. Y a la población en general, a oponerse a esta actividad  y detener los intereses exploratorios. “Nuestra invitación es a actuar con responsabilidad para el planeta, y priorizar la conservación de los océanos profundos como patrimonio común de la humanidad”, sentencia.