Por Nicolás Williams, presidente de la Asociación Gremial de Corredores de Seguros de Chile (ACOSEG)

El reciente anuncio del SERNAC sobre la compensación que dos compañías de seguros deberán entregar a más de 400 mil personas por no haber instalado los GPS exigidos legalmente en sus pólizas nos recuerda, una vez más, que la ley se debe cumplir.

En este caso, la Ley Antiportonazos exige que los vehículos asegurados cuenten con un sistema de rastreo, el que en los marcos legales debe ser entregado por la aseguradora correspondiente.

Sin embargo, vale la pena mirar más allá del titular, ya que el verdadero problema no es sólo que no se haya instalado el GPS, sino que seguimos construyendo una sensación de seguridad en base a aisladas, costosas y, muchas veces, mal implementadas.

En un país donde apenas el 37,5% del parque vehicular está asegurado – 2.179.187 vehículos con seguros activos en el segundo semestre de 2023- , ¿cuán efectiva puede ser una medida que sólo beneficia a quienes pueden acceder a un seguro? ¿Qué pasa con el otro 62,5% que queda fuera de este esquema?

Instalar GPS en autos asegurados puede ser una herramienta útil para el trabajo policial, especialmente si hay coordinación efectiva entre todos los actores del sistema. Pero cuando más del 60% de los vehículos circulan sin ningún tipo de medida de localización o prevención, está claro que la solución no puede descansar exclusivamente sobre los hombros de las aseguradoras.

Aquí es donde la discusión debe avanzar: exigir a las marcas fabricantes —y no sólo a las compañías de seguros— que integren de forma obligatoria y estándar sistemas de rastreo en todos los vehículos nuevos comercializados en el país.

Tal como hoy no concebimos un auto sin cinturones de seguridad o frenos ABS, deberíamos entender el GPS como parte del equipamiento básico frente al aumento de robos y delitos violentos asociados al parque automotriz.

Por tanto, es justo que se compense a los que no recibieron lo prometido. Pero no nos perdamos en el castigo simbólico y miremos el fondo del asunto. Si de verdad queremos proteger a los ciudadanos y enfrentar el crimen con herramientas efectivas, la discusión debe escalar hacia una política pública integral que regule desde el origen: desde la fábrica, no sólo desde la política.