Fernando Carreño, asociado senior de Apparcel Uriarte Abogados ( https://apparcel.cl/ )

Santiago, abril 2025.- El 26 de noviembre del año 2024, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó un conjunto de reformas clave a la Ley de Migración y Extranjería de Chile, que modifica más de 56 artículos de la normativa vigente.

Estos cambios tienen un impacto significativo en el acceso al empleo y los derechos laborales de los inmigrantes en el país, además de responder a desafíos relacionados con la seguridad pública y la regulación de los flujos migratorios.

Las reformas aprobadas en la Ley de Migración y Extranjería de Chile tienen un impacto profundo en el panorama laboral y social del país.

Si bien se buscan mejorar las condiciones de seguridad y controlar los flujos migratorios, es esencial que las políticas laborales y migratorias se desarrollen de manera coherente para evitar que los inmigrantes sean excluidos o vulnerados en su acceso a derechos fundamentales como el empleo y la estabilidad laboral.

Una de las modificaciones más relevantes en el ámbito laboral es el fortalecimiento de las facultades del Servicio Nacional de Migraciones para revocar permisos migratorios en casos de condenas por faltas reiteradas en áreas como ruidos molestos, riñas y comercio ambulante.

Estos buscan promover una convivencia armoniosa en los barrios y espacios públicos, lo que puede tener un impacto directo en aquellos inmigrantes que se encuentran en sectores informales del mercado laboral.

Aunque la medida tiene como objetivo preservar la paz social, es fundamental que los efectos de esta regulación no perjudiquen a los trabajadores informales que dependen de estos empleos para su sustento.

Las reformas también tienen implicancias en el acceso de los inmigrantes al empleo formal.

La ampliación de las causales de expulsión a personas involucradas en delitos graves como violencia intrafamiliar, explotación sexual y tráfico ilícito de migrantes tiene como fin mejorar la seguridad pública en el país, pero podría generar temores en algunas comunidades de inmigrantes.

Es esencial que las políticas laborales se acompañen de estrategias que garanticen que los trabajadores extranjeros tengan acceso equitativo a oportunidades laborales formales, sin versos afectados por situaciones de vulnerabilidad o discriminación debido a su estatus migratorio.

Otro aspecto importante de la reforma es la implementación de sanciones severas para aquellas personas, empresas y medios de transporte que fomentan o facilitan la entrada irregular de inmigrantes al país.

En este contexto, las empresas que contraten inmigrantes sin la documentación adecuada podrían verse afectadas si no cumplen con las nuevas normativas.

De este modo, los trabajadores deberán estar particularmente atentos al cumplimiento de los requisitos legales para evitar sanciones que podrían poner en riesgo el funcionamiento de sus negocios y afectar la estabilidad laboral de los trabajadores migrantes.

Esto no quita el hecho de que, si tiene la empresa contratada a un trabajador informal, deba igualmente pagar las cotizaciones previsionales respectivas, sin excepción.

Las reformas también incluyen cambios en los requisitos para la nacionalización, que ahora exigen un período de residencia de diez años (en lugar de cinco) y una prueba de conocimientos.

Este ajuste podría retrasar el acceso de los inmigrantes a los plenos derechos laborales que se adquieren con la nacionalización, y plantea la necesidad de medidas adicionales para asegurar que los inmigrantes puedan gozar de sus derechos laborales en el país mientras se cumplan estos requisitos.

Dado el impacto de estas reformas en la integración laboral de los inmigrantes, el papel del área legal es más relevante que nunca.

Los abogados especializados en derecho laboral son fundamentales para asegurar que los derechos de los trabajadores migrantes sean respetados, especialmente en un contexto donde las normativas pueden generar incertidumbre o confusión.

Es crucial que las reformas a la ley migratoria no solo aseguren la seguridad y el orden público, sino que también garanticen el acceso a un trabajo digno, sin discriminación, y protejan los derechos de los trabajadores migrantes.