“De acuerdo con estimaciones basadas en cifras oficiales, podemos deducir que las Isapres habrían desembolsado alrededor de $265 mil millones de pesos en subsidios por incapacidad laboral (SIL) asociados a estas licencias fraudulentas, una cifra que representa más del 30% del total anual que el sector privado destina a este tipo de pagos”, indica Rodrigo Varela, abogado experto en litigación en salud y Gerente Legal de ALTO Inmune.
Por otro lado, ALTO Inmune ha jugado un rol clave en la disminución del ausentismo laboral en Chile, particularmente en lo que respecta al uso indebido de licencias médicas. Con más de 13 años de trayectoria, la organización ha trabajado junto a más de 100 empresas de distintas industrias, logrando reducir el ausentismo en un promedio del 25%.
Santiago,2025.-El reciente informe de la Contraloría General de la República reveló que más de 25.000 funcionarios públicos viajaron al extranjero entre 2023 y 2024 mientras se encontraban con licencia médica. Si bien la mayoría de estas licencias fueron emitidas por Fonasa (69%), un 31% fueron otorgadas por Isapres, lo que plantea serias implicancias para un sistema de salud privado ya tensionado por la crisis financiera que arrastra desde hace años.
“Estamos hablando de un fraude millonario que sólo daña al erario público, sino que afecta directamente la sostenibilidad del sistema de Isapres, donde cada peso mal utilizado impacta en los beneficios, planes y primas que reciben los afiliados legítimos”, explica Rodrigo Varela, abogado experto en litigación en salud y Gerente Legal de ALTO Inmune.
“De acuerdo con estimaciones basadas en cifras oficiales, podemos deducir que las Isapres habrían desembolsado alrededor de $265 mil millones de pesos en subsidios por incapacidad laboral (SIL) asociados a estas licencias fraudulentas, una cifra que representa más del 30% del total anual que el sector privado destina a este tipo de pagos”, señala el experto.
“Este tipo de fraudes tiene un doble impacto: debilita financieramente a las aseguradoras privadas y agrava la judicialización del sistema de salud, ya que miles de personas terminan pagando el costo de quienes cometen abusos”, agrega Varela.
Además de la magnitud económica, el caso ha abierto un debate respecto a la asimetría en la persecución de responsabilidades, donde históricamente se ha puesto mayor énfasis en sancionar a los médicos emisores que a los afiliados que compran licencias.
“Un sólo médico puede emitir decenas de licencias falsas, generando un daño masivo. Por eso las fiscalizaciones se enfocan allí. Pero eso no exime al afiliado que compra, viaja y cobra un subsidio sin justificación médica. Ambos deben responder”, sostiene el abogado.
Actualmente, las sanciones para quienes participan en este tipo de fraude incluyen penas de cárcel, multas, inhabilitaciones profesionales y la obligación de restituir los pagos indebidos. En el caso de funcionarios públicos, también se suman sumarios administrativos y eventuales destituciones.
Además, un caso que generó gran repercusión mediática fue el de la venta de licencias médicas en la rotonda de Plaza Italia, donde tanto los vendedores como los compradores no eran médicos. Este caso resultó en la condena de los involucrados a penas de 541 días y en la prisión preventiva de más de tres meses.
“Desde nuestra experiencia en análisis de datos y prevención del fraude, sabemos que este problema requiere una respuesta urgente y coordinada. No basta con sancionar a posteriori: es fundamental implementar una estrategia integral que combine educación, fiscalización y consecuencias reales para quienes abusan de las licencias médicas. Es momento de dejar de normalizar su uso como excusa para evadir responsabilidades laborales o encubrir vacaciones”, indica el abogado.
Actualmente ALTO Inmune ya está avanzando junto a distintos actores del sistema privado de salud en la identificación de casos concretos donde se ha vulnerado el correcto uso de la licencia médica. “No nos limitaremos al análisis: tomaremos acciones penales y administrativas contra médicos, afiliados o funcionarios que hayan participado en estos fraudes. Nuestro objetivo es claro: proteger esta herramienta para quienes realmente la necesitan y evitar que el sistema siga perdiendo recursos por malas prácticas”, concluye.
De manera paralela, ALTO Inmune ha jugado un rol clave en la disminución del ausentismo laboral en Chile, particularmente en lo que respecta al uso indebido de licencias médicas.
Con más de 13 años de trayectoria, la organización ha trabajado junto a más de 100 empresas de distintas industrias, logrando reducir el ausentismo en un promedio del 25%.
En paralelo, ha capacitado a más de 40.000 trabajadores y ejecutado más de 27.500 visitas domiciliarias a colaboradores en los últimos cinco años, consolidando un enfoque preventivo y de control efectivo.
Su plataforma tecnológica permite a las empresas acceder a indicadores críticos sobre ausentismo laboral, detectar patrones anómalos y dar seguimiento detallado a cada caso. Esto ha permitido diseñar estrategias personalizadas para cada organización, mejorando no solo la productividad, sino también el clima laboral y la confianza interna frente al uso correcto de este derecho.
Inmune es una solución de ALTO que busca aumentar la productividad de las compañías, a través de la disminución de ausentismo generando espacios de trabajo más sanos y seguros. ALTO es una multinacional presente en Chile, México, Colombia, España y Estados Unidos.
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