Descubra cómo Chile está fortaleciendo su lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a través de una legislación sólida, una reforma regulatoria y la cooperación internacional.
Chile es una de las economías más estables de América Latina, que ha estado trabajando arduamente para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Con la naturaleza cambiante y la magnitud de los delitos financieros en el ámbito global, las instituciones y agencias reguladoras en Chile están cada vez más presionadas para garantizar la integridad financiera y la transparencia.
El gobierno ha actuado introduciendo cambios legislativos y mejorando el control institucional, así como la colaboración internacional, todo ello con el objetivo de asegurar que sus políticas contra el lavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) estén en línea con las políticas internacionales.
El principal instrumento legal que Chile utiliza para combatir los delitos financieros es la Ley N° 19.913, que formó la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Esta ley tipificó el lavado de dinero como delito y sentó las bases para el establecimiento de un marco regulatorio adecuado. Las enmiendas a lo largo de los años han ampliado el alcance de la ley en términos de sectores cubiertos por la ley y sanciones en caso de incumplimiento.
En los últimos años, el gobierno ha presentado cambios legislativos para reforzar la Ley N° 19.913. Entre estas enmiendas, hay una que busca ampliar la lista de entidades obligadas para incluir notarios, agentes inmobiliarios, casinos e incluso plataformas de criptomonedas. Este crecimiento es esencial porque las empresas y profesiones no financieras tienden a ser una fuente de transacciones financieras ilegales. El gobierno también ha intentado armonizar las leyes de Chile con las sugerencias del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que es el organismo mundial que establece las normas para las medidas ALD/CFT.
La UAF es el principal organismo de inteligencia financiera en Chile y se encarga de recibir, analizar y distribuir información financiera sobre actividades sospechosas. Es fundamental la coordinación con las agencias de aplicación de la ley y otros socios internacionales. En 2023, la UAF experimentó un notable aumento en los informes de transacciones sospechosas (STR), lo que indica una mayor conciencia por parte de las organizaciones informantes y mejores herramientas de monitoreo y asesoramiento regulatorio.
La UAF ha iniciado activamente la modernización de sus operaciones mediante la implementación de las últimas herramientas analíticas y digitales para monitorear y analizar patrones de comportamiento financiero. También ofrece capacitación en cumplimiento a las organizaciones financieras y no financieras para que estén conscientes de sus responsabilidades según las reglas de ALD/CFT.
Chile es participante del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) que supervisa la implementación de las recomendaciones del GAFI en la región. Chile cuenta con un marco ALD generalmente sólido, que necesita mejoras, específicamente en las áreas de transparencia de la propiedad beneficiaria y el cumplimiento del sector no financiero, según se determinó en su última evaluación mutua.
Para subsanar estas cuestiones, Chile ha adoptado la cooperación internacional en forma de tratados y acuerdos de intercambio de información con naciones e instituciones de todo el mundo. Tal esfuerzo coordinado es particularmente significativo a la luz del origen transfronterizo de los delitos financieros prevalentes hoy en día, que suelen estructurarse en varias jurisdicciones.
Aunque las metodologías tradicionales de lavado de dinero también son una amenaza, también ha surgido en Chile una nueva categoría de delitos financieros, incluido el uso de criptomonedas. Los activos digitales son anónimos y rápidos, lo que los convierte en métodos interesantes para lavar ganancias ilegales o financiar grupos extremistas. En respuesta, los reguladores financieros chilenos han indicado que desean un control más estricto sobre el mercado de criptomonedas. El Banco Central de Chile y la UAF ya están trabajando en el establecimiento de los marcos según los cuales los VASP se verán obligados a cumplir con los requisitos de informes ALD/CFT.
La financiación del terrorismo no es un problema tan grande en Chile como en otras partes del mundo, pero es un problema importante. El gobierno sigue observando los indicadores de riesgo mundiales y ajustando sus políticas. También hay intentos de consolidar la protección de las fronteras y mejorar la identificación de los flujos financieros asociados con las posibles acciones de los terroristas.
Las instituciones financieras en Chile también están adoptando gradualmente la tecnología ALD que les ayuda a mejorar sus sistemas de cumplimiento interno. Los sistemas de monitoreo de transacciones están incorporando herramientas de inteligencia artificial y aprendizaje automático para identificar anomalías y producir puntajes de riesgo para los clientes. Esta transición al cumplimiento digital es fundamental, particularmente con un aumento en los volúmenes transaccionales y tácticas criminales más avanzadas.
Mientras tanto, se observa que el sector privado está colaborando con las autoridades públicas en forma de plataformas de intercambio de información y sesiones de capacitación. Es un modelo de asociación público-privada que está cobrando cada vez más protagonismo en el enfoque de cumplimiento ALD/CFT en Chile, ya que ayuda a llenar la brecha de información entre los reguladores gubernamentales y las instituciones que están en primera línea en la identificación de delitos financieros.
Sin embargo, todavía existen problemas. La ausencia de un registro centralizado de propiedad beneficiaria es uno de los problemas persistentes. Sin la transparencia de la propiedad final de las empresas y los activos, las redes de lavado son difíciles de localizar y destruir. Hay intentos de implementar mecanismos de transparencia, aunque algunas industrias se oponen a esto, y es difícil implementar todo debido a barreras logísticas.
El otro problema es la aplicación de la ley. Aunque existen leyes, los enjuiciamientos por casos de lavado de dinero no tienen éxito. El sistema de justicia en Chile debería invertir más en capacitación especializada, y debería haber una mejor coordinación entre la policía, los fiscales y los tribunales.
Chile ha avanzado mucho en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y los cambios significativos en la legislación y la tecnología, así como los cambios en las instituciones, han resultado en un escudo más robusto contra los delitos financieros. Aunque persisten los desafíos, particularmente en la aplicación de la ley y frente a las nuevas amenazas digitales, la voluntad de los sectores público y privado es evidente. Al mantenerse en línea con los estándares internacionales y seguir invirtiendo en infraestructura para cumplirlos, Chile se está convirtiendo en un líder en ALD/CFT en la región latinoamericana
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