Gracias a cambios normativos como el Decreto 24 del Ministerio de Economía y la Ley N°19.799, la firma electrónica ha dejado de ser un complemento para transformarse en un pilar de la gestión documental moderna.

Sin embargo, persisten confusiones en su uso, alcances legales y tipos de implementación que es necesario aclarar.

En los últimos años, Chile ha avanzado hacia la digitalización de sus procesos administrativos, tanto en el sector público como en el privado. En este contexto, la firma electrónica avanzada se ha consolidado como una herramienta fundamental para validar documentos de forma remota, segura y con total respaldo legal.

Su adopción ha permitido optimizar trámites laborales, bancarios, tributarios y educacionales, entre otros, facilitando una relación más eficiente entre ciudadanos e instituciones.

Un punto importante se concretó con la modificación del Decreto 24 del Ministerio de Economía, que permitió obtener la firma electrónica avanzada de forma completamente digital, eliminando la obligación de acudir presencialmente a una entidad certificadora.

Según Marcelo Mora, CEO de IDOK, esta flexibilización, sumada a la vigencia de la Ley 19.799 sobre documentos electrónicos y firma electrónica, impulsó su masificación.

“Durante la pandemia, vimos cómo la firma electrónica avanzada permitió firmar miles de anexos laborales para habilitar el teletrabajo. Eso marcó un antes y un después, porque resolvió una contradicción evidente: no tenía sentido exigir presencia física para comenzar a trabajar desde casa”, señala el CEO de IDOK.

Uso actual y desafíos

Según el portal de ChileAtiende, actualmente se pueden firmar con firma electrónica avanzada documentos como contratos bancarios, anexos laborales, solicitudes SOAP. Asimismo, ha permitido automatizar tareas como el onboarding de clientes mediante soluciones integradas vía API en empresas financieras, optimizando tiempos y reduciendo el uso de papel.

Para Mora, este tipo de firma electrónica también ha tenido un impacto relevante en la digitalización tributaria, al habilitar la emisión de facturas electrónicas, libros contables y declaraciones juradas, mejorando la trazabilidad de los documentos y facilitando el cumplimiento normativo.

Sin embargo, todavía existen desafíos significativos. Ya que desde la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información (ACTI) se trabaja en medir el impacto real de la firma electrónica en términos de productividad, eficiencia y sostenibilidad.

“Hoy, en una de nuestras plataformas, cerca de dos millones de usuarios firman documentos digitales cada año. Es un cambio profundo que merece ser visibilizado y cuantificado”, agrega el ejecutivo de IDOK.

El futuro: regulación, cultura digital y seguridad

Para Marcelo Mora, el avance hacia una gestión documental 100% digital requiere no solo voluntad política y tecnología, sino también ajustes normativos. Próximas leyes como la Ley Fintech exigirán estándares más altos de validación de identidad, lo que podría acelerar la adopción de tecnologías como biometría o validación NFC como tercer factor complementario al OTP obligatorio.

“La firma electrónica no es solo una herramienta legal, es parte del ecosistema de seguridad y eficiencia de cualquier organización. Su masificación debe ir acompañada de educación digital, interoperabilidad y marcos regulatorios actualizados”, concluye el experto.

Acerca de IDOK

IDOK es una empresa chilena dedicada a optimizar los procesos de gestión, identificación digital y firma electrónica de personas, empresas y organizaciones. Desarrollamos productos y soluciones adaptadas a los nuevos escenarios de acción en Chile y Latinoamérica.