La deuda pendiente con la salud mental y las mujeres en Chile

Por Rodrigo Varela, Gerente Legal de ALTO Inmune

Las cifras más recientes publicadas por la Superintendencia de Seguridad Social revelan una realidad que no podemos seguir normalizando.

El 13% de las licencias médicas asociadas a salud mental fue rechazado entre enero y agosto de este año.

Aunque parezca un incremento menor frente al 12,5% del periodo anterior. Detrás de ese número hay personas que enfrentan un malestar real. Cuya necesidad de cuidado no está siendo reconocida.

Lo que más llama la atención es la brecha de género que persiste.

En apenas ocho meses, se emitieron más de 1,5 millones de licencias. Esto, por trastornos de salud mental y más de un millón fueron otorgadas a mujeres. No se trata de una cifra aislada. Es el reflejo de un fenómeno estructural que arrastramos hace décadas.

La sobrecarga invisible que recae sobre ellas. Las mujeres suelen asumir, además de su trabajo remunerado, las labores domésticas y de cuidado. Se configuran dobles y triples jornadas que inevitablemente derivan en estrés crónico y ansiedad. También agotamiento emocional.

A esto se suma un problema cultural que, en mi opinión, seguimos sin enfrentar con la profundidad necesaria. El estigma.

En muchos espacios laborales todavía se mira con desconfianza un diagnóstico de depresión, ansiedad o estrés laboral. Precisamente porque no se “ve” como una fractura o una enfermedad física evidente.

Esa sospecha se traduce en evaluaciones más estrictas. También en licencias objetadas y, finalmente, personas obligadas a seguir trabajando. Ello, en condiciones que afectan directamente su bienestar psicológico.

Las licencias por salud mental disminuyeron un 11,3% respecto al año pasado. Pero esta baja no debe interpretarse como un alivio.

La tendencia muestra que la carga sigue siendo desproporcionada para las mujeres. Afectadas además por desigualdad laboral y violencia simbólica. También precariedad económica y mayores factores psicosociales de riesgo. Muchas veces también son ellas quienes tienen más disposición a pedir ayuda profesional. Y esa mayor búsqueda de acompañamiento se traduce en más licencias emitidas… y lamentablemente, también más rechazadas.

Desde mi experiencia en ALTO Inmune, donde vemos a diario la relación entre ambientes laborales y bienestar psicológico, me preocupa que sigamos tratando estos datos como meras estadísticas. No lo son.

Detrás de cada caso hay una persona cuyo malestar se minimiza o se interpreta como “debilidad”. Ello, en lugar de entenderse como una señal de alarma de un sistema que no está acompañando adecuadamente a quienes lo necesitan.

La evidencia sugiere que esta tendencia continuará si no incorporamos políticas públicas sostenidas que atiendan las causas estructurales: desigualdad de género, falta de educación emocional, ambientes laborales que no priorizan la salud mental y un sistema de evaluación que aún arrastra prejuicios. Hemos avanzado en visibilización, sí, pero visibilizar no es suficiente. Necesitamos actuar.

Reconocer la legitimidad de los problemas de salud mental no puede seguir siendo una discusión pendiente. Si queremos un país más sano, más justo y más productivo, debemos empezar por garantizar que quienes piden ayuda reciban un sistema que los escuche, no que los cuestione.