Por Nicole Revillot, Country Manager de TUU by Haulmer.
Desde el 2 de enero de 2026, entró en vigencia la Ley N° 21.713 de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias. Que marca un punto de inflexión para el comercio y el emprendimiento en Chile.
A partir de ahora, toda persona o empresa que venda productos o servicios deberá acreditar su Inicio de Actividades ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). Para operar con bancos y plataformas digitales.
Esta normativa busca fortalecer la trazabilidad económica y fomentar la formalización de quienes desarrollan actividades generadoras de renta. Consolidando un sistema tributario más transparente y equitativo.
Si bien cumplir con las obligaciones tributarias implica asumir responsabilidades adicionales, los beneficios son claros y duraderos. Formalizarse no es un costo, sino una inversión, que permite acceder a créditos, subsidios y apoyos gubernamentales.
Además de abrir las puertas a licitaciones públicas y alianzas con grandes empresas. De esta forma, un emprendimiento deja de depender del ingreso diario y puede comenzar a planificar su crecimiento con estabilidad y proyección.
A la vez, contribuye a un mercado más justo. Donde las reglas son iguales para todos y la competencia se basa en la calidad y la eficiencia, no en la informalidad. Como muchos expertos dicen. “La informalidad tiene fecha de vencimiento. Hoy el desafío es ayudar a los emprendedores a dar el paso de manera simple y acompañada”.
Chile enfrenta el desafío de fortalecer su base de emprendimientos formales. No se trata únicamente de aumentar la recaudación. Sino de construir una economía más sólida, inclusiva y competitiva.
La formalización no debe verse como un fin en sí misma. Sino como el primer paso hacia un crecimiento sostenible que beneficie tanto a las empresas como al país en su conjunto.
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