Las cifras ya no permiten mirar hacia el lado. En 2025, las denuncias por convivencia escolar en Chile aumentaron un 22%. Así, superaron las 17 mil sólo en esta categoría.
Más allá del número, lo que estos datos reflejan es algo más profundo. La convivencia escolar dejó de ser un problema acotado a los establecimientos educacionales. Se convirtió en un síntoma de tensiones sociales más amplias.
La violencia, la frustración y los conflictos que vemos en las salas de clases no surgen de manera espontánea. Responden a una falta estructural de herramientas para gestionar emociones, resolver conflictos y relacionarse con otros.
Hoy sabemos y la evidencia internacional lo respalda. Las emociones juegan un rol determinante en el aprendizaje. Un estudiante que experimenta estrés, frustración o inseguridad difícilmente podrá concentrarse o participar. Incluso, sostener su trayectoria educativa.
El problema es que, durante años, este ámbito fue tratado como un complemento y no como una base del proceso educativo.
Recién ahora comienza a instalarse con mayor fuerza la idea de que habilidades como la empatía, la autorregulación o la comunicación efectiva no son “blandas”. Son esenciales para que el aprendizaje ocurra.
Por primera vez, el Estado asume un rol explícito en la promoción del bienestar socioemocional. Reconoce que no basta con reaccionar frente a los conflictos, sino que es necesario prevenirlos desde la formación.
Pero la normativa, por sí sola, no resuelve el problema. El desafío está en cómo esto se implementa en la práctica. La experiencia en terreno muestra que las habilidades socioemocionales no se enseñan desde la teoría, sino desde la experiencia. Se construyen en la interacción, en espacios donde los estudiantes pueden equivocarse, expresar lo que sienten y aprender a relacionarse de manera distinta.
Cuando estas herramientas se desarrollan, los efectos son visibles: mejora la convivencia, aumenta la participación y se fortalece el vínculo con el aprendizaje. Pero cuando no están, lo que aparece es lo que hoy vemos con preocupación: comunidades tensionadas, estudiantes desconectados y trayectorias educativas que se vuelven frágiles.
Por eso, el desafío no es menor. Requiere una mirada sistémica que involucre no solo a las escuelas, sino también a docentes, familias y políticas públicas que permitan sostener estos procesos en el tiempo.
Seguir abordando la convivencia escolar únicamente desde la sanción es, en el mejor de los casos, insuficiente. Si queremos reducir la violencia en las aulas, es necesario avanzar hacia una educación que no sólo enseñe contenidos, sino que también forme personas capaces de convivir.
Porque, al final del día, lo que ocurre dentro de una sala de clases es un reflejo de lo que está pasando fuera de ella.
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