PhD Susana Mayer, Doctora en Sostenibilidad. Directora Carrera Ingeniería Civil Industrial UDLA Sede Viña del Mar. Integrante del Observatorio de Industria y Negocios Sostenibles (INSOS) UDLA.
De acuerdo con cifras del Ministerio del Medio Ambiente, nuestro país genera cerca de 9 millones de toneladas de residuos domiciliarios al año. Y menos del 10% logra reciclarse o valorizarse. Una cifra baja en comparación con países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde el promedio supera el 30%.
Por suerte el escenario está cambiando. Cada vez más hogares separan residuos y muchas municipalidades han incorporado puntos limpios o sistemas de reciclaje domiciliario. La ciudadanía ha comenzado a entender que reciclar no es solo “botar separado”, sino participar activamente en una gran cadena.
En este contexto, la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) ha marcado un cambio. Esta normativa establece que las empresas que ponen productos en el mercado deben hacerse responsables de la recolección y valorización de los residuos que generan al terminar su vida útil.
Con ello, el reciclaje dejó de depender únicamente de la voluntad de las personas o municipios. Y pasó a ser también una obligación regulatoria para productores e importadores.
El reciclaje no termina cuando una persona deja materiales en un punto limpio. Es solo el inicio. Después de la recolección, los residuos pasan por varias etapas: transporte, clasificación, separación y procesamiento.
Además, se ha fortalecido el trabajo de recicladores de base. Quienes cumplen un rol clave en la recuperación de residuos y hoy son reconocidos por la Ley REP.
Nuestro país ha avanzado en conciencia ambiental, pero aún existen brechas importantes. Muchas personas todavía no saben qué residuos se reciclan, cómo separarlos o qué ocurre después de entregarlos.
También existen diferencias entre comunas respecto a infraestructura, frecuencia de retiro y acceso a puntos limpios. Por ello, el desafío no es solo tecnológico o regulatorio, sino también educativo y cultural.
Pese a que la regulación ambiental es más robusta que hace una década. La Ley REP está impulsando nuevas inversiones e infraestructura, y existe una mayor discusión pública sobre reciclaje y sostenibilidad.
El gran reto sigue siendo transformarlo en una práctica cotidiana y masiva. Donde los residuos dejen de verse como basura y comiencen a entenderse como recursos con valor.
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