La normativa de inclusión laboral en Chile busca asegurar el acceso de las personas con discapacidad al trabajo en igualdad de condiciones. Permitiéndoles el desarrollo de su plan de vida.
Hoy, sin embargo, existe una profunda brecha entre la promesa legal y la realidad laboral de las personas con discapacidad. Dejando en evidencia que legislar no basta para incluir.
En esta materia, las empresas cumplen el rol de generar procesos de gestión de personas accesibles. Y las personas con discapacidad necesitan contar con las condiciones y apoyos necesarios para ejercer plenamente su derecho al trabajo.
El cual debe ser garantizado por el Estado.
Pero cuando las leyes no se supervisan de manera efectiva. Ese derecho termina dependiendo más de la voluntad de las organizaciones. Que de un sistema que garantice su cumplimiento.
En esa línea, la Ley N.º 21.015 estableció un piso mínimo. Las organizaciones con 100 o más trabajadores deben contratar al menos un 1% de personas con discapacidad. O asignatarias de pensión de invalidez.
Sin embargo, los datos muestran que hay un muy bajo cumplimiento de la norma en general.
Según cifras de la Dirección del Trabajo, en 2024 entre las organizaciones públicas y privadas que debieron cumplir. Un 24,8% de ellas lo estaba haciendo.
Lo que significa que sólo una de cada cuatro organizaciones cumple con la normativa.
Chile cuenta hoy con un marco normativo que, al menos inicialmente, generó un alto compromiso por parte de las empresas.
Sin embargo, en los siguientes años no ha habido aumento significativo en la contratación de personas con discapacidad.
Aún cuando hoy existen muchos más apoyos para la intermediación. Y el fortalecimiento de la cultura inclusiva dentro de las empresas.
Comparando con los años de entrada en vigencia de esta ley.
Si bien entendemos que el empleo general está en crisis. El estar trabajando para la reactivación del mismo se presenta como una oportunidad. De hacerlo de manera amplia e inclusiva.
¿Podremos trabajar juntos para lograrlo?
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