La implementación de la Ley Marco de Ciberseguridad, la protección de infraestructuras críticas y la creciente conexión entre sistemas físicos y digitales obligan a las organizaciones a reforzar su capacidad para prevenir, detectar y responder ante incidentes.
Santiago, septiembre de 2026– Chile atraviesa un periodo decisivo en materia de ciberseguridad. La consolidación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), la calificación de los operadores de importancia vital y el avance en la definición de estándares básicos obligatorios están llevando a instituciones públicas y privadas a revisar cómo protegen sus sistemas, sus datos y la continuidad de sus servicios.
Este escenario adquiere especial relevancia para sectores como energía, transporte, salud, telecomunicaciones, servicios financieros y seguridad pública. Donde un incidente digital puede dejar de ser un problema exclusivamente informático. Y afectar directamente la operación, la atención a las personas o la disponibilidad de infraestructura crítica.
La Ley N° 21.663 establece obligaciones permanentes para prevenir, reportar y resolver incidentes de ciberseguridad. Sin embargo, cumplir con protocolos o completar evaluaciones no garantiza por sí solo que una organización pueda mantener sus servicios frente a un ataque. El desafío será probar que los planes funcionan, que las responsabilidades están claras y que existen capacidades reales de recuperación.
“Las organizaciones tendrán que pasar de demostrar que cuentan con políticas a comprobar que pueden sostener su operación durante un incidente. La resiliencia se construye antes de una crisis. Identificando activos y dependencias, reduciendo puntos vulnerables y practicando cómo responder cuando una tecnología deja de estar disponible”, señaló David Méndez, Business Development Manager de Genetec.
La expansión de dispositivos conectados también amplía la superficie de ataque. Cámaras, sensores, controles de acceso y otros equipos pueden operar durante años. Y, si no se administran correctamente, conservar credenciales débiles, firmware desactualizado o configuraciones que faciliten accesos no autorizados.
“La ciberseguridad de una organización no termina en sus computadores o servidores. Debe considerar cada dispositivo conectado a la red. Con autenticación robusta, permisos centralizados, comunicaciones cifradas y actualizaciones continuas. Si las áreas responsables trabajan de forma aislada, pueden quedar brechas invisibles entre la infraestructura física y la digital”, agregó Méndez.
Otro reto será aprovechar la inteligencia artificial sin perder el control sobre la información. Estas herramientas pueden ayudar a detectar patrones, priorizar alertas y acelerar investigaciones. Pero su uso debe contemplar propósitos definidos, supervisión humana y reglas claras sobre qué datos se recopilan, durante cuánto tiempo se conservan y quiénes pueden acceder a ellos.
La entrada en vigencia de la Ley N° 21.719 de Protección de Datos Personales, prevista para el 1 de diciembre de 2026, elevará además las exigencias sobre privacidad y gobernanza. Para las organizaciones, esto significará revisar no solo la seguridad técnica de sus plataformas. Sino también la trazabilidad, minimización y protección de la información durante todo su ciclo de vida.
Las cadenas de suministro tecnológicas seguirán siendo un punto crítico. Una organización puede fortalecer sus controles y continuar expuesta a través de proveedores, integraciones o componentes sin soporte. Evaluar a terceros y mantener visibilidad sobre las dependencias será parte fundamental de la gestión de riesgos.
“Chile está dando pasos importantes con una institucionalidad y estándares más claros. El desafío ahora es que ese avance se traduzca en prácticas cotidianas, tecnologías seguras por diseño, capacitación y una colaboración efectiva entre áreas, proveedores e instituciones. La ciberseguridad debe entenderse como una capacidad permanente para proteger a las personas y mantener los servicios disponibles”, concluyó Méndez.
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