El número de denuncias ingresadas en 2022 relacionadas al ámbito de Convivencia escolar llegaron a 12.052 casos, representando el 75% del total de denuncias país y revelando un alza de 37% en relación con 2019, indica el estudio del Observatorio de Ciudadanía, Convivencia y Bienestar Escolar (OCCBE) de la Universidad de La Frontera.
El estudio del Observatorio de Ciudadanía, Convivencia y Bienestar Escolar (OCCBE) de la Universidad de La Frontera, analizó las cifras de denuncias por convivencia y violencia escolar entre el año 2019 y el año 2022, emanadas de la Superintendencia de Educación hace unas semanas.
Según el análisis, el número de denuncias ingresadas en 2022 relacionadas al ámbito de Convivencia escolar llegaron a 12.052 casos, representando el 75% del total de denuncias país y revelando un alza de 37% en relación con 2019.
Asimismo, las mayores alzas en los temas del ámbito de Convivencia fueron Maltrato, entre párvulos y/o estudiantes y de adultos hacia párvulos y estudiantes (62,8%), Medidas disciplinarias de suspensión y expulsión (10,4%), Discriminación, especialmente por necesidades educativas especiales y permanente (10,2%) y Situaciones de connotación sexual entre párvulos y/o estudiantes y de adulto a párvulos y/o estudiantes” (9,4%). Este resultado se observó en todas las regiones del país.
“Estos resultados se explican, en parte, por el contexto de pandemia y lo cierto es, que revelan una tendencia al alza de la violencia escolar, tendencia que viene desarrollándose desde las últimas décadas, a pesar de los esfuerzos de la política pública. Y representa un problema de magnitud grave para nuestra sociedad presente y futura”, dice la Dra. Mónica Bravo-Sanzana, directora Observatorio de Ciudadanía, Convivencia y Bienestar Escolar en La Araucanía (OCCBE) quien junto al investigador Patricio Ramírez desarrollaron este informe.
Origen de la violencia escolar y soluciones
En esta perspectiva, la investigadora indica que existen dos grandes áreas de estudios para comprender la violencia escolar. La primera, estudios desde una perspectiva sociológica y antropológica que identifican el origen de la violencia escolar en las condiciones estructurales económicas, sociales y culturales de nivel global, por tanto, el origen de la violencia es externo a la escuela. La segunda área, los estudios que explican la violencia escolar a partir de las características individuales de las personas (el carácter, por ejemplo, o los comportamientos no deseados), psicologizando la violencia y responsabilizando al individuo. Sin embargo, actualmente sabemos que estos estudios poseen limitaciones pues la violencia escolar es un constructo multidimensional y multifactorial. Es necesario realizar estudios sistémicos, integrales y sostenidos en el tiempo, con intervenciones en la escuela que involucren a los diferentes integrantes de la comunidad educativa.
En informe da cuenta además que buscar soluciones para frenar la violencia escolar es, por tanto, un esfuerzo sistémico y sostenido que como país debemos asumir. Las políticas en educación para la convivencia escolar debiesen ser sistemáticas, de largo alcance pues implica, además de procesos de diseño y gestión de la convivencia, el desarrollo de competencias socioemocionales en todos los actores de la comunidad educativa.
“Son los adultos los que primero deben capacitarse y reencantarse con el proceso pedagógico y el compromiso formativo. En esta perspectiva, la evidencia científica es contundente, no hay efectos positivos significativos en la convivencia de una escuela mientras sus grupos directivos no estén altamente capacitados y ejerciendo un liderazgo que movilice y refuerce los compromisos y el esfuerzo constante de los profesores, asistentes y familias para frenar la violencia y aumentar el bienestar escolar. Asimismo, este problema representa un enorme desafío para las universidades de nuestro país, la investigación aplicada puede utilizarse para desarrollar y mejorar programas que permitan comprender, prevenir e intervenir la violencia escolar, y también puede informar políticas y prácticas más efectivas en el entorno educativo y en el contexto territorial. Pero para ello, los lideres de las universidades deben considerar esta problemática en su agenda universitaria y asumir un compromiso país” resume Mónica Bravo-Sanzana, también coordinadora del Laboratorio de Investigación en Ciencias Sociales Aplicadas (LICSA) de la Universidad de La Frontera.
