Por Cristián Martínez, fundador de Crece Inmobiliario, Ingeniero Comercial, Magister en Administración de Empresas de IEDE y Master de Administración de Empresas en la Universidad de LLeida

La reciente aprobación de la Ley de Deuda Consolidada en Chile ha generado un intenso debate en los círculos financieros e inmobiliarios. Esta normativa que promete centralizar la información crediticia de individuos y empresas, se presenta como un paso hacia la transparencia financiera. No obstante, su impacto en el mercado inmobiliario podría ser más complejo de lo que parece a primera vista.

En teoría, los objetivos de la ley son dignos de aplaudir: mitigar el sobreendeudamiento, fomentar la educación financiera y reforzar los mecanismos de fiscalización. Sin embargo, al unificar datos de diversas fuentes, incluyendo mutuarias y casas comerciales, se corre el riesgo de destapar un panorama financiero complejo para muchos chilenos.

Esta “clarificación financiera” podría generar una reacción en cadena en el sector inmobiliario. Los bancos, ahora con información más detallada, podrían endurecer aún más sus estrictos criterios para otorgar créditos hipotecarios, lo que podría dejar fuera a un segmento significativo de potenciales compradores de vivienda.

El sector inmobiliario, que ya venía lidiando con obstáculos como la excesiva “permisología”, podría enfrentar una nueva crisis. Por muy irónico que parezca, esta medida diseñada para proteger a los consumidores podría, en la práctica, alejarlos aún más del sueño de la casa propia.

Este escenario plantea interrogantes sobre la estructura futura del mercado. ¿Veremos un auge de los modelos de arriendo corporativo en detrimento de la propiedad individual? ¿Se acentuará la brecha entre quienes pueden acceder a una vivienda y quienes no?

Si bien la transparencia financiera es un objetivo respetable, es importante considerar sus repercusiones a largo plazo. La implementación de esta ley requerirá un delicado equilibrio entre la prudencia financiera y el estímulo al sector inmobiliario.

El desafío para los legisladores y reguladores será monitorear de cerca los efectos de esta normativa y estar dispuestos a realizar ajustes que salvaguarden la salud del mercado inmobiliario. Solo así se podrá garantizar que esta ley, concebida con buenas intenciones, no termine convirtiéndose en un obstáculo para el acceso a la vivienda de los chilenos.

El Registro de Deuda Consolidada podría ser una espada de doble filo para el sector inmobiliario, pensando en que su éxito dependerá de cómo se implemente y de la capacidad del mercado para adaptarse a esta nueva realidad financiera. El tiempo dirá si esta medida logra su cometido de fomentar la responsabilidad financiera sin asfixiar un sector vital para la economía chilena.

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