Por Marcelo Mora, CEO de IDOK
Las recientes conversaciones entre figuras prominentes del gremio notarial, sacadas a la luz pública por un destacado medio de investigación, exponen una realidad que muchos sospechábamos: la oposición a la firma electrónica para optimizar la realización de trámites no se fundamenta en argumentos técnicos o de seguridad, sino en la protección de intereses particulares. Lamentablemente, en desmedro del beneficio directo a millones de ciudadanos, quienes, con los avances tecnológicos, podrían acceder a diversas diligencias con solo unos clics.
Cabe señalar que la firma electrónica avanzada, no es una tecnología experimental ni de dudosa legitimidad, lo que se fundamenta en el respaldo jurídico brindado por la Ley 19.799, además de cumplir con estándares internacionales, configurándose como una solución segura, legal y económicamente eficiente. No obstante, en principio, sobre todo en su proceso de redacción, una de las insistencias por parte de algunos notarios, fue abogar por la necesidad en la presencialidad para la realización de algunos trámites, razón por la cual, algunos trámites quedaron excluidos dentro del la factibilidad de uso con este mecanismo digital.
Un ejemplo que ilustra bien lo anterior, es lo que ocurre con los finiquitos laborales. Mientras la Dirección del Trabajo permite la firma electrónica para casi todos los documentos laborales, los finiquitos quedaron excluidos, requiriendo la presencia física en una notaría. Esta excepción, lograda a través de gestiones del gremio notarial, no cuenta con una justificación técnica, dado que el proceso de verificación de identidad ante el Registro Civil para obtener una firma electrónica, es tan riguroso como la identificación presencial ante un notario.
Otro ejemplo es la reciente modificación a la Ley 21.461, también conocida como “Ley devuélveme mi casa”, donde los notarios consiguieron que los contratos de arriendo requieran obligatoriamente presencialidad, añadiendo una capa adicional de burocracia y costos para los ciudadanos, sin aportar beneficios de peso en lo que respecta a seguridad jurídica, y así, otras situaciones que podrían realizarse mediante firma electrónica avanzada, para beneficio de las personas.
Ahora bien, también es importante destacar a entidades como la Fundación Red Notarial, quienes han abogado por aclarar que la modernización y la función notarial no se excluyen entre sí. La visión de esta agrupación, ha entendido que la digitalización no amenaza su rol, sino que ofrece oportunidades para mejorar sus servicios y adaptarse a las necesidades del siglo XXI.
La Fiscalía Nacional Económica ya ha señalado la necesidad de modernizar el sistema notarial de forma urgente. Para esto, no se requieren necesariamente nuevas leyes, sino voluntad política y administrativa, operando mediante normativas y convenciones para determinar qué trámites pueden realizarse electrónicamente y cuáles requieren intervención notarial, sin que esto implique necesariamente presencialidad.
Las tecnologías vigentes permiten combinar la seguridad de la firma electrónica avanzada con la fe pública notarial. Plataformas como Légora, demuestran cómo es posible realizar trámites como transferencias vehiculares o contratos diversos con total certeza jurídica, sin requerir de la presencia de los interesados. Esta solución funciona como un centro de distribución tecnológica, conectando a los firmantes digitales con una red de notarías asociadas, mediante la incorporación de la geolocalización en las firmas electrónicas avanzadas
El silencio también comunica y el mutismo de la Asociación de Notarios frente a esta reciente polémica, sugiere una preferencia por mantener el statu quo, una postura que va en menoscabo del interés público. Los ciudadanos merecemos un sistema más eficiente, donde la tecnología sirva para simplificar trámites, reducir costos y eliminar barreras innecesarias, permitiendo que herramientas como la firma electrónica pueda seguir creciendo en beneficio de la eficiencia administrativa.
Acerca de IDOK
IDOK es una empresa chilena dedicada a optimizar los procesos de gestión, identificación digital y firma electrónica de personas, empresas y organizaciones. Desarrollamos productos y soluciones adaptadas a los nuevos escenarios de acción en Chile y Latinoamérica.
