Este episodio se suma al registrado en marzo de 2024, cuando otro camión cisterna también de origen boliviano volcó cerca de Socoroma, en la misma ruta internacional, derramando cerca de 3 mil litros de combustible sobre la calzada y un afluente vital para el abastecimiento de agua potable del pueblo. El hecho dejó sin suministro hídrico a la comunidad y causó severos daños a la agricultura local.
Ambos casos fueron atendidos por equipos de emergencia, incluyendo a Bomberos, Carabineros y autoridades locales, pero según denuncian desde la sociedad civil, no se trata de incidentes aislados. El Plan de Acción Comunitario para Vertimientos de Petróleo, elaborado por la Fundación Aka Pacha en el marco del proyecto “Hidrocarburos en Bofedales: Comprendiendo las Amenazas a un Socioecosistema Vulnerable”, advierte sobre una histórica frecuencia de derrames a lo largo de la ruta 11-CH desde la década de 1990, en plena provincia de Parinacota.
El documento -financiado por el Fondo de Protección Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente- señala que los impactos de estos eventos no solo contaminan suelos y cursos de agua, sino que también alteran la vida de la flora, fauna y de las comunidades aymaras, quienes históricamente han habitado y cuidado este ecosistema andino.
Natalia Gutiérrez, presidenta de la Fundación Aka Pacha y responsable del proyecto, conversó con Radio Ayni para dar a conocer los principales ejes del plan comunitario que busca fortalecer la prevención, mitigación y recuperación de los territorios afectados por vertimientos de hidrocarburos. “Es necesario dejar de mirar estos desastres como accidentes puntuales. Hay un patrón sistemático que está destruyendo un ecosistema frágil y un territorio ancestral”, afirmó.
En paralelo, la realizadora audiovisual Catalina Burgos presentó el cortometraje documental “Ciniego, una pieza testimonial que recoge las voces de habitantes de Putre afectados por los derrames. La obra busca visibilizar el sufrimiento humano y ambiental que persiste tras estos eventos, y fomentar la acción ciudadana frente a lo que organizaciones catalogan como una crisis ambiental silenciada.
Desde la comunidad aymara y diversas organizaciones socioambientales se exige ahora una respuesta estructural por parte del Estado y el fortalecimiento de la fiscalización en rutas internacionales que atraviesan zonas protegidas y territorios indígenas.
“El tiempo del silencio terminó”, concluye Gutiérrez. “Es hora de que las decisiones se tomen desde y para los territorios. No podemos seguir siendo zona de sacrificio para el tránsito extractivo”.
Desde la Alianza Mundial Aymara, se hizo un llamado urgente a repensar el modelo de desarrollo que sacrifica territorios indígenas. “No es solo un derrame, es una herida abierta a la Madre Tierra y a nuestra identidad como pueblos originarios”, declararon.
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