Falta de capacitación a las empresas para enfrentar las denuncias de los trabajadores y la poca preparación de la Dirección del Trabajo para el tratamiento de los casos y el cumplimiento de los tiempos que impone la Ley son algunas de las principales falencias.

Casi 22 mil solicitudes de denuncias en el marco de la entrada en vigencia de la llamada Ley Karin, que busca combatir el acoso en el trabajo, fueron presentadas entre agosto y diciembre de 2024 ante la Dirección del Trabajo, según muestran las cifras presentadas por el mismo organismo, pero solo 9.151 fueron categorizadas como denuncias enmarcadas en la nueva legislación.

Esto ha ido en aumento durante este año, lo cual muestra fisuras en la capacidad de este organismo de tratar la cantidad de casos, ya que a fines del año pasado el 42% de esas denuncias aún estaban en proceso de investigación.

Desde el estudio de abogados Ruiz Salazar sostienen que, si bien esta legislación representa un avance necesario en la protección frente al acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo, a cumplirse casi un año de la entrada en vigencia de la Ley, esta presenta serios inconvenientes prácticos.

“Hemos visto una serie de falencias tanto en la estructura de la Dirección del Trabajo como en la estructura interna de cada una de las empresas para poder dar cumplimiento a la normativa”, sostiene María José Vergara, abogada laboral de Ruiz Salazar. En ese sentido, sostiene que la mayoría de las empresas han cumplido con la obligación de investigar las denuncias de acuerdo a sus protocolos para luego enviar los resultados a la Dirección del Trabajo, pero “no reciben ninguna respuesta posterior a ello dentro de los plazos que establece la Ley y no tienen certeza en relación a si actuaron de manera correcta o no”.

“Muchas empresas tratan de hacer las cosas bien, investigan con seriedad, cumplen formalmente la normativa  pero no reciben retroalimentación de la Dirección del Trabajo. Eso debilita la confianza en la institución, en lo que se pretendió abarcar y cubrir a través de la Ley Karin, tanto de las empresas como también de los denunciantes”, subraya la abogada.

Otro punto relevante es la complejidad que se ocasiona en los casos en que la investigación interna dentro de una empresa concluye que no hay situaciones de acoso, aquello ha generado que algunos denunciantes sigan exigiendo que se adopten medidas disciplinarias ya que no están de acuerdo con el resultado.

“Esto deja a la empresa en una situación muy compleja porque está obligada a resguardar el bienestar y los derechos fundamentales de ambas partes, tanto los del denunciado y del denunciante”, recalca María José Vergara.

En relación a las pymes, muchas de ellas no tienen un área de Recursos Humanos o personas con conocimiento especializado en temas legales y/o perspectiva de género ni cuentan con estructuras internas que permitan llevar a cabo procesos de investigación en los términos que plantea la Ley Karin.

“Hay pequeñas y medianas empresas que no tienen un protocolo ni un reglamento interno claro sobre esta materia. Solo frente a la denuncia de un trabajador se activan y conocen este tema”, dice la profesional.

Desde Ruiz Salazar enfatizan que, a raíz de estos factores, para las empresas ha sido muy complejo enfrentar esta nueva ley, principalmente para las pymes. “Muchas veces se tiende a improvisar y a utilizar un protocolo tipo de la Dirección del Trabajo sin que, con ello, se resguarde el debido proceso ni los principios que deberían primar en casos de Ley Karin”, explica Vergara.

Falta de capacitación

Una de las causas que se atribuye a los problemas que ha mostrado la implementación de la Ley Karin es la falta de capacitación que hubo a las empresas por parte de los organismos del Estado desde que la legislación se aprobó hasta su implementación.

“No hubo una adecuada capacitación a las empresas de cómo debían implementar esta ley. La Dirección del Trabajo solo hizo un protocolo tipo, pero, son muy distintas las situaciones de acoso que pueden experimentar los trabajadores de un rubro y otro, por ejemplo, las personas del comercio o que atienden a clientes se ven expuestos en mayor medida a situaciones de Ley Karin con terceros. Los ámbitos y rubros son muy determinantes en cómo llevar las denuncias e investigaciones”, dice María José Vergara.

Agrega que “el efecto que se esperaba no fue el que realmente ocurrió, es decir las expectativas de denuncia e investigación que iba a generar la implementación de la Ley Karin no se acercan a la realidad. Esto sobrepasó cualquier capacidad interna de la Dirección del Trabajo, como también las áreas de cada una de las empresas”,

La capacidad de la Dirección del Trabajo para el tratamiento de una alta cantidad de denuncias también ha sido un punto que ha sido cuestionado y que ha evidenciado una falta de preparación.

“La DT se ha visto sumamente sobrepasada y no está dando abasto para dar respuesta oportuna. Los tiempos que contempla la Ley para responder a las denuncias y terminar las investigaciones no se han cumplido en la realidad”, dice la abogada.

Para el estudio Ruiz Salazar, se deben tomar medidas respecto a los actores principales en la ejecución e implementación de la Ley Karin. “A la Dirección del Trabajo se le debe dotar de mayor personal y capacitar a quienes atienden las denuncias e investigan y fomentar una mayor confianza en los sistemas informáticos que faciliten los ingresos de las denuncias vía online, y no sobrecargar a los funcionarios”, concluye Vergara.

Sobre Ruiz Salazar

Ruiz Salazar es un estudio de abogados fundado por la abogada Mariela Ruiz Salazar que ofrece una asesoría jurídica integral basada en la prestación de servicios en las áreas de Derecho Civil, Societario, Comercial, Tributario, Penal, laboral, Propiedad Intelectual, e industrial, con el objetivo de que empresas, emprendedores y personas puedan alcanzar sus objetivos o solucionar sus inconvenientes.

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