Por Caterina Utili, Gerente General de AIM Global
En Chile, más de 1,3 millones de personas tienen algún grado de ascendencia italiana. Por años, la posibilidad de obtener la ciudadanía por ius sanguinis, es decir, por derecho de sangre, ha sido un camino abierto, incluso para bisnietos o tataranietos de italianos que jamás pisaron la península.
El 20 de mayo, la Cámara de Diputados en Italia aprobó este nuevo marco legal que redefine quién puede, efectivamente, acceder a la ciudadanía. Ya no bastará con probar la descendencia: ahora será indispensable demostrar un “ vínculo efectivo con Italia ”.
El decreto establece que solo los hijos y nietos de ciudadanos italianos nacidos en Italia que no hayan renunciado a su nacionalidad podrán optar directamente a la ciudadanía.
Y para quienes deseen mantener abierta esta posibilidad, la conexión con Italia deberá manifestarse en hechos concretos: residencia legal en el país por al menos dos años, o participación cívica (cómo votar o renovar documentos) al menos una vez cada 25 años.
A cinco semanas de la aprobación de este decreto, ya hemos visto en AIM Global una oleada de consultas y una mezcla comprensible de incertidumbre y frustración. Muchas familias chilenas, argentinas o brasileñas que estaban en pleno proceso, hoy no saben si sus sueños de ciudadanía siguen en pie.
A esto se suma un cambio logístico significativo: los trámites dejarán de realizarse en consulados y pasarán a gestionarse desde una oficina única en Roma , que comenzará a operar en 2026. Esto busca eficiencia, pero inevitablemente centraliza aún más un sistema ya sobrecargado y lento.
Por supuesto, aún quedan caminos. La ciudadanía por matrimonio sigue siendo posible, con tiempos más acotados si hay hijos, y quienes deseen iniciar el proceso pueden hacerlo desde Italia, siempre que residan allí legalmente por al menos dos años.
Como gerente general de AIM Global y como ítalo-chilena, veo este momento como un punto de inflexión. La ciudadanía italiana, más que un derecho, pasa a ser una responsabilidad que exige vínculos reales y compromiso con la cultura y comunidad de origen .
El Decreto Tajani no cierra todas las puertas, pero nos obliga a redefinir el concepto de “descendencia”. Ya no basta con un apellido: se necesita pertenencia activa. Y eso, en el fondo, también puede ser una invitación a reconectar con nuestras raíces de forma más profunda y consciente.
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