• La normativa suma nuevas exigencias operativas, tales como denunciar delitos en un plazo máximo de 24 horas, mantener grabaciones por dos años en casos asociados a ilícitos, y cumplir requisitos técnicos para los sistemas de videovigilancia.

• Las sanciones por incumplimiento no son menores: las multas por faltas gravísimas pueden llegar hasta las 13.500 UTM, además de la clausura temporal o definitiva de establecimientos.

• “El desafío es gigantesco y muchas empresas aún no dimensionan su magnitud. Por eso es clave que el sector privado actúe desde ya, buscando asesoría especializada para cumplir con los estándares que exige esta ley”, explica Eduardo Hernández, abogado y Gerente Legal de ALTO Chile, empresa especializada en protección de activos y reducción de delitos.

Santiago, 2025.– El creciente deterioro de la seguridad pública en Chile ha elevado la preocupación del mundo empresarial.

Delitos violentos, crimen organizado y bandas transnacionales ya no son fenómenos aislados, y la ciudadanía exige respuestas más efectivas.

En este contexto, la nueva Ley N° 21.659 sobre Seguridad Privada —cuyo reglamento entrará en vigencia en noviembre— impone un nuevo estándar de cumplimiento y transforma la forma en que las empresas deben abordar la protección de sus activos.

“El Estado ha trazado una línea clara: el sector privado debe jugar un rol coadyuvante y complementario en la seguridad pública. Y ese rol no es menor. Implica elaborar estudios de seguridad con planes para cada instalación, invertir en tecnología con ciertos requisitos técnicos, para cámaras de seguridad (cctv y corporales) y lectores de placas, contratar y capacitar personal autorizado (de acuerdo al nivel de riesgo), garantizar la realización de denuncias en 24 horas, mantener grabaciones y evidencias durante al menos dos años si están asociadas a delitos”, afirma Eduardo Hernández, Gerente Legal de ALTO Chile, empresa especializada en protección de activos y reducción de delitos.

El nuevo reglamento redefine los criterios para determinar qué organizaciones están obligadas a implementar medidas de seguridad. Ya no se trata únicamente de aquellas que manejan más de 500 UF diarias en efectivo.

Ahora, la clasificación de riesgo —alto, medio o bajo— se aplicará según las características de cada operación y será determinada por la Subsecretaría de Prevención del Delito, que asume el rol de órgano rector del sistema.

“Esta ley representa un cambio de paradigma. Las empresas deberán realizar estudios de seguridad por cada instalación, implementar tecnologías específicas como cámaras corporales o lectores de placas, y contratar personal autorizado según su nivel de riesgo”, detalla Hernández.

A esto se suman nuevas exigencias operativas, tales como denunciar delitos en un plazo máximo de 24 horas, mantener grabaciones por dos años en casos asociados a ilícitos, y cumplir requisitos técnicos para los sistemas de videovigilancia.

Las sanciones por incumplimiento no son menores: las multas por faltas gravísimas pueden llegar hasta las 13.500 UTM, además de la clausura temporal o definitiva de establecimientos.

“El desafío es gigantesco y muchas empresas aún no dimensionan su magnitud. Por eso es clave que el sector privado actúe desde ya, buscando asesoría especializada para cumplir con los estándares que exige esta ley”, agrega el abogado.

Por eso, este es el momento de buscar asesoría especializada que acompañe a las empresas para una correcta implementación de cumplimiento regulatorio en esta materia.

Comenzando con un diagnóstico de brecha en cuanto a la clasificación de riesgos, diseño de estudios de seguridad y planes por sucursal, implementación de las medidas de seguridad exigidas, auditoría de niveles de cumplimiento, y estrategias para enfrentar la eventual aplicación de multas.

“La nueva ley no sólo exige cumplir, exige transformarse. Las empresas que entiendan eso estarán en una posición más fuerte frente a los desafíos de seguridad que vienen”, concluye Hernández.

Sobre ALTO

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ALTO es una empresa de servicios multinacional dedicada a la protección de activos, marcas y personas a través de soluciones basadas en tecnología para generar comunidades prósperas y más seguras, disminuir riesgos y delitos. ALTO está presente en Chile, México, Colombia, España y Estados Unidos.