Cumplir con la ley es solo el comienzo; el verdadero desafío consiste en formalizar y sistematizar los procesos para construir entornos laborales seguros, con canales de denuncia trazables y un decálogo del canal seguro como hoja de ruta.

Uno pensaría que, a casi un año de la entrada en vigencia de la Ley Karin, todo ya estaría resuelto. Sin embargo, un reciente estudio elaborado por Defontana, basado en una muestra de 128 empresas, pone en evidencia las principales falencias en la implementación de la Ley Karin a nivel organizacional. A pesar de los avances formales, aún existe una brecha significativa en la gestión real de los protocolos contra el acoso, la violencia y la discriminación laboral.

Entre los hallazgos más relevantes, destaca:

• El 81% de las empresas declara tener un protocolo de prevención, pero muchas aún no lo integran de forma activa en su operación diaria.
• Solo el 61% ha publicado dicho protocolo en su reglamento interno, como exige la normativa.
• El canal más utilizado para difundir el protocolo es el correo electrónico (60%), seguido de reuniones internas (53%) y capacitaciones (43%). Sin embargo, apenas el 24% lo difunde a través de plataformas tecnológicas, lo que revela un bajo aprovechamiento de las herramientas disponibles.
• Un 76% cuenta con un canal de denuncias, pero el 57% sigue utilizando el correo electrónico como principal medio de recepción, lo que plantea dudas sobre la confidencialidad y trazabilidad de los procesos.
• Solo el 46% de las empresas permite hacer seguimiento a las denuncias, y el 25% reporta haber recibido denuncias que fueron consideradas infundadas tras el proceso de revisión.
• En cuanto al porcentaje de denuncias consideradas fundadas en el último año, la media reportada se sitúa en 35%, lo que plantea la necesidad de mejorar los criterios de evaluación y el debido proceso.
• Apenas el 60% ha establecido un procedimiento formal de investigación y sanción.
• El 74% ha informado y capacitado a sus trabajadores sobre la Ley Karin, lo que significa que 1 de cada 4 empresas aún no realiza ninguna capacitación.
• De quienes sí capacitan, el 43% lo hace solo una vez al año, lo que pone en entredicho la efectividad del proceso formativo.
• En una escala del 1 al 5, el 52% de los encuestados evaluó a su organización entre 4 y 5 en conocimiento de la Ley, mientras que el resto reconoció bajos niveles de información.

“Este estudio evidencia que aún existe una distancia considerable entre cumplir con lo que exige la ley y construir una verdadera cultura de prevención al interior de las organizaciones”, indicó Macarena Molina, Product Manager de Gestión de Personas en Defontana. “No basta con tener un protocolo por escrito, es indispensable que las empresas lo integren naturalmente en la práctica, en su operación diaria, y para eso deben partir por comunicar que este protocolo existe y cuál es su alcance. Contar con canales de denuncia seguros, trazables, que aseguren confidencialidad y sean gestionados con responsabilidad es el primer paso para dar una señal de confianza a los equipos. El uso del correo electrónico, por ejemplo, no es recomendable, ya que no garantiza ni la trazabilidad del proceso ni la confidencialidad del denunciante. Por otro lado, para completar el ciclo capacitar continuamente es clave”, precisa Molina.

Ante este panorama, la experta hace un llamado a profesionalizar los procesos, integrar tecnología para asegurar trazabilidad y confidencialidad, y posicionar la formación continua como herramienta clave de prevención. Asimismo, propone la creación de un “decálogo del canal seguro” y la disponibilidad de cápsulas formativas descargables, con foco en apoyar a las empresas en su transformación cultural.

“La Ley Karin no puede convertirse en un check list legal. Para que sea efectiva, necesita gestión, compromiso y tecnología”, concluye.