Por: Rodrigo Varela, Gerente Legal de ALTO Inmune .
El último informe de Suceso revela cifras preocupantes sobre la emisión de licencias médicas durante 2024.
En total, se registraron más de 8 millones de licencias médicas electrónicas en Chile, donde tres regiones concentran el 61,8% de estas emisiones: la Región Metropolitana de Santiago con 3.250.976 licencias (40,4%), Valparaíso con 897.270 (11,1%) y Biobío con 827.321 (10,3%).
Estos datos no sólo evidencian un alto volumen, sino que reflejan un desafío estructural para la administración pública y el sector privado.
El fraude en licencias médicas ya no es únicamente un tema de ética o probidad; representa una fuga millonaria de recursos públicos y privados que afecta la sostenibilidad del sistema de salud y el correcto funcionamiento del mercado laboral.
Ya hemos sido testigos de unos escándalos más grandes de los últimos años en salud gracias a un reciente informe de Contraloría que detectó a más de 25.000 funcionarios públicos viajando al extranjero mientras estaban con licencia médica entre 2023 y 2024, generando un perjuicio económico significativo, principalmente para Fonasa, que financia el 69% de estas licencias.
Sólo en 2023, Fonasa destinó más de $1,3 billones de pesos al pago de licencias médicas y se estima que hasta un 20% de ellas podrían ser injustificadas. Esto significa un daño potencial que supera los $260.000 millones anuales.
Desde ALTO Inmune, donde llevamos más de 15 años analizando este fenómeno, hemos trabajado en prevención y en acciones legales contra quienes vulneran el sistema.
Otro dato que debería escandalizarnos: mientras un profesional de la salud emite en promedio 37 licencias al año, un 4% emite más de 597 licencias, y un 0,4% más de 2.000.
Lo más alarmante es la existencia de un grupo denominado “Grandes Emisores”, que entrega más de 5.000 licencias al año, un promedio de 1,5 por hora, siendo los trastornos mentales la causa más común.
Sin embargo, ninguno de ellos posee especialidad en Psiquiatría.
Además, hay evidencia clara de diferencias en el uso de licencias según el nivel de ingresos. Los trabajadores que ganan por encima del tope imponible, y que por ello no reciben el 100% de su sueldo durante la licencia, usan en promedio 1,14 días al año. En cambio, aquellos que perciben ingresos por debajo de ese límite hacen uso de 2,9 días anuales en promedio.
Según datos de la SUSESO, esto confirma que ciertos segmentos del sistema son más vulnerables al uso abusivo.
En el sector privado, no exento de estos fraudes, hemos adoptado herramientas legales, tecnológicas y preventivas para combatir el ausentismo injustificado, pero lamentablemente estas prácticas aún no se replican con la misma eficacia en el sector público.
Frente a este escenario, la pregunta que queda es inevitable: ¿Qué está haciendo el Estado para implementar controles y mecanismos de prevención que permitan frenar esta fuga millonaria de recursos?
El escándalo que destapó la Contraloría es un llamado urgente a actuar. No podemos seguir permitiendo que la mala gestión y la falta de fiscalización afecten la calidad del sistema de salud ni la economía del país.
La sostenibilidad del financiamiento público y la justicia en el uso de estos recursos dependen de medidas efectivas, transparentes y coordinadas entre todos los actores involucrados.
Como experto que ha trabajado con más de 100 empresas enfrentando esta problemática desde una perspectiva legal y estratégica, hago un llamado a autoridades y actores públicos para que adopten y modernicen los mecanismos de control, y para que los ciudadanos exijamos mayor transparencia y responsabilidad.
Sólo así podremos proteger nuestro sistema de salud y evitar que estos abusos sigan poniendo en jaque a Chile.
Sobre ALTO
Inmune es una solución de ALTO que busca aumentar la productividad de las empresas, a través de la disminución del ausentismo generando espacios de trabajo más sanos y seguros. ALTO es una multinacional presente en Chile, México, Colombia, España y Estados Unidos.
