El reciente informe de la Contraloría, revelando irregularidades por más de 1,5 billones de pesos entre abril 2024 y marzo 2025, desnuda no solo negligencias aisladas, sino un sistema con fallas estructurales profundas. La cifra asusta; lo más grave, sin embargo, es que revela la carencia de mecanismos que permitan prevenir, detectar y corregir oportunamente este tipo de desvíos.
El reporte detalla 792 acciones de fiscalización (auditorías, inspecciones, exámenes de cuenta), que han detectado incumplimientos contables, gestiones contractuales deficientes, incumplimientos de validaciones internas, rendiciones de cuentas incompletas, compras irregulares y “otros resultados transversales”; todos bajo el parámetro de “alta complejidad” o “especial relevancia.”
Pero ahí está la pregunta: ¿por qué, a pesar de estas señales, seguimos acumulando falencias por cientos de miles de millones sin actuar preventivamente?
Muchas de las observaciones de la Contraloría —desde registros contables pendientes hasta justificativos de viajes mal respaldados— podrían haberse evitado con sistemas actualizados y procesos electrónicos robustos. Es preocupante que regiones como Antofagasta, Coquimbo o Tarapacá acumulen decenas de millones en irregularidades sin herramientas que alerten en línea.
Las reacciones políticas en este tema coinciden en el diagnóstico: el problema no es la falta de recursos, sino la incapacidad para administrarlos correctamente.
Ahora bien: ¿cuántos cientos de miles de millones más tendremos que perder para avanzar en modernización real? Las plataformas de control y fiscalización digital son herramientas probadas que ya existen y funcionan, validando la gestión de gastos y ahorrando millones de dólares anualmente a las empresas que las utilizan. Incorporarlas es un acto urgente, de gestión responsable y voluntad institucional.
Asimismo, es clave capacitar a los funcionarios respecto de cómo rendir correctamente, qué se considera gasto válido y qué consecuencias hay ante errores o faltas.
De esa manera es posible contar con información confiable y actualizada, además de prevenir y disminuir los errores humanos, pero, sobre todo, frente a auditorías internas o externas, contar con documentación validada reduciendo así el riesgo y la carga administrativa. La validación anticipada es siempre más efectiva que una corrección posterior.
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