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Centros comerciales, supermercados, centros de distribución, estaciones de servicio, bancos, farmacias, entre otros figuran entre los sectores que pueden resultar fuertemente impactados ante los cambios que ordena implementar la nueva Ley después de noviembre de este año. ALTO Chile advierte que muchas organizaciones aún no logran dimensionar el impacto operativo del nuevo reglamento.
Santiago, 2025.- La entrada en vigencia de este nuevo marco normativo de la Seguridad Privada en Chile, fijado para el 28 de noviembre, pone a cientos de empresas en una carrera contra el tiempo.
Centros comerciales, supermercados, farmacias, bancos y otras organizaciones con alto flujo de personas o cuyas operaciones reportan un riesgo para la seguridad de personas y bienes deberán realizar cambios operativos relevantes si no quieren quedar fuera del cumplimiento normativos y arriesgar multas y sanciones, las que pueden llegar hasta 13.500 UTM e incluso pueden ocasionar la clausura o cierre temporal o definitivo del establecimiento.
El nuevo marco normativo redefine los criterios para considerar a una empresa como “entidad obligada”, dejando atrás el parámetro del monto diario de efectivo y estableciendo un criterio cualitativo sujeto a la idea de generación de riesgo para la seguridad pública.
Este cambio afecta directamente al diseño e implementación de los Estudios y Planes de seguridad, así como de las medidas de seguridad concretas que las operaciones de cada empresa deberán garantizar ante el nuevo órgano rector y el fiscalizador.
“Muchas compañías creen que aún están a tiempo, o que podrán solventar las nuevas exigencias con los estudios de seguridad actualmente vigentes, pero lo cierto es que ya van tarde, porque esperar la nueva resolución exenta que los notifica como Entidad Obligada sujeta al nuevo marco normativo, activará un procedimiento acotado en el tiempo y con plazos de implementación sumamente breves, exigiendo muy probablemente mayor inversión que puede no estar considerada o subdimensionada dentro de los presupuestos. Este nuevo escenario de cumplimiento normativo requiere planificación, inversiones y decisiones que no se pueden tomar de un día para otro”, advierte Eduardo Hernández, Gerente Legal & Compliance de ALTO Chile.
Uno de los cambios que más ha despertado el interés, pero que desde luego no es el más importante, será la exigencia de que los guardias de seguridad para establecimientos de alto riesgo, porten cámaras corporales (bodycams).
Las empresas calificadas como con riesgo alto deberán implementar sistemas de vigilancia privada y contar con personal especializado, lo que implica una reorganización completa en recursos humanos y presupuesto.
“No se trata solo de cumplir con una nueva ley, sino de transformar la manera en que se gestiona la seguridad privada. Este marco legal exige pasar de una lógica reactiva a una preventiva, basada en análisis de riesgo”, enfatiza Hernández.
Además, comienza a instalarse una inquietud creciente en el sector: ¿será viable fiscalizar con eficacia el cumplimiento de la ley desde el primer día? La magnitud de los cambios legales e institucionales, sumada al número de organizaciones afectadas, genera dudas sobre la capacidad de supervisión y fiscalización real del Estado en los primeros meses de implementación.
Sin embargo, los expertos coinciden en que eso no debiera ser una excusa para que las empresas posterguen su adaptación, puesto que el Estado también apuesta por la tecnología a la hora de supervisar y fiscalizar, lo cual permitirá escalabilidad más temprano que tarde.
A modo de apoyo para las organizaciones, ALTO Chile realizará el próximo 30 de julio un webinar gratuito en el que abordará una serie de temáticas de orden práctico en torno al reglamento y la Ley.
En su edición anterior, más de 150 compañías participaron en este espacio informativo. Las inscripciones están abiertas en el sitio web de la empresa: https://landing.
“Estamos hablando de una transformación profunda. Las empresas que aún no han iniciado su proceso de adaptación tienen que actuar en el más breve plazo, porque los tiempos no necesariamente permitirán improvisar luego de noviembre”, recalca Hernández.
