- Después de más de dos años de investigación, este martes 15 de julio comenzó el juicio oral contra 18 imputados, entre ellos 10 médicos en su mayoría colombianos, varios en prisión preventiva.
- Se les acusa de integrar una red que emitió más de 71 mil licencias médicas fraudulentas, provocando un perjuicio económico al sistema público de más de 26 mil millones de pesos y al sistema privado de más de 1.600 millones.
- La audiencia se realizó en el Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, presidida por el juez José Santos Pérez Anker, junto a las juezas Alejandra García Bocaz y Grace Díaz Salvo. ALTO INMUNE, empresa querellante y experta en gestión integral del ausentismo laboral, ha sido fundamental para desarticular esta compleja red criminal que afectaba gravemente la salud pública y la economía nacional.
Santiago, 2025.- Por más de dos años y medio, una investigación liderada por la Fiscalía de Alta Complejidad, iniciada tras una denuncia del Consejo de Defensa del Estado en diciembre de 2022, destapó uno de los casos de fraude más graves en la historia de Chile.
Se trata de una investigación a más de 470 médicos sospechosos de haber emitido en forma masiva licencias médicas falsas, más de 2.500 por año cada uno, configurando el segundo mayor caso de corrupción económica en el país , solo superado por el llamado “Pacogate”, escándalo de malversación de fondos públicos que involucró a Carabineros de Chile.
De ese universo de 470 médicos, 55 de ellos pasaron a ser parte de una investigación especializada por parte de la Fiscalía de Alta Complejidad. Fueron 18 los que enfrentaron este martes 15 de julio el inicio de su juicio oral , tras haber sido formalizados y acusados por el Ministerio Público. Siete de ellos permanecían en prisión preventiva desde finales de 2022 .
Las penas que arriesgan en abstracto podrían ir desde 5 años y un día hasta 27 años de cárcel , por los delitos de asociación ilícita, falsedad en la emisión de licencias médicas, fraude al sistema público de salud y lavado de activos .
Las cifras son impactantes: de los 470 médicos investigados, 41 abandonaron el país apenas supieron que estaban siendo indagados por emisión de licencias fraudulentas. Entre abril de 2021 y julio de 2022, el total de licencias falsas generadas por estos profesionales asciende a 720 mil.
Sólo los 18 acusados que enfrentaron el juicio emitieron 71.653 licencias fraudulentas , lo que representa un perjuicio económico de $26.606.306.606 de pesos para el sistema público . A esto se suma un daño al sistema privado, representado por clientes de isapres querellantes a través de ALTO Inmune, por un monto de $1.620.285.157 de pesos.
“El caso es gravísimo. Estamos frente al segundo fraude más grande de Chile. No estamos ante médicos que actuaron solos o de forma aislada. Aquí hay una organización estructurada, con jefaturas, subordinados, sociedades creadas para delinquir y roles diferenciados. Esto calza con todos los elementos de una asociación ilícita”, afirmó Rodrigo Varela , Gerente Legal de ALTO INMUNE , compañía que presta servicios estratégicos orientados a la disminución del ausentismo laboral en empresas y que es parte querellante. en este caso.
Organización ilícita
Según la Fiscalía, en diciembre de 2022 se determinaron que existían 5 líderes, algunos médicos y otros no, que creaban sociedades para concretar el ilícito. El modus operandi consistía en crear centros médicos ficticios o usar domicilios particulares como supuestas consultas, donde se contrataba a médicos extranjeros que, a través de estas sociedades, emitían licencias falsas.
Los pacientes eran captados por terceros a través de redes sociales, personas sin formación médica que cobraban tarifas previamente establecidas. Bajo esta forma de defraudar, los líderes crearon más de 50 sociedades con el único fin de vender licencias.
Uno de los casos más llamativos es el médico colombiano Jeffry Yessid Donado Alvis , quien permaneció en Chile sólo cinco días en abril de 2022, pero que, entre junio y diciembre del mismo año, emitió 4.091 licencias desde el centro médico Provimedc SPA .
En total, firmaron 7.287 licencias médicas para usuarios de Fonasa, de las cuales 5.296 generaron subsidios por incapacidad laboral , provocando un perjuicio al Estado de $2.557.865.347 .
Un “negocio” millonario
El sistema estaba cuidadosamente “tarifado”. Por ejemplo, una licencia de 11 días costaba $33.000 si era presencial y $25.000 por telemedicina. Una de 15 días costaba $49.000; de 21 días , $58.000; y de 30 días , $70.000.
Los captadores recibían entre $11.000 y $16.000 por licencia , dependiendo de su duración, mientras que a los médicos se les pagaba un monto fijo de $10.000 por licencia emitida , sin importar los días. El resto quedó en manos de los socios. Todo el sistema funcionaba al margen del control tributario , sin emisión de boletas ni documentación formal.
“El que compra como el que vende tiene la misma responsabilidad penal. Ya hay afiliados que fueron formalizados y condenados en esta causa. Sin embargo, las condenas no fueron graves, lo que es una muy mala señal. Entendemos que, por una cuestión de escala y de recursos, el Ministerio Público optó por ir contra los responsables más directos del fraude. Pero lo que debiese pasar es que también se persiga la culpabilidad más allá del facultativo médico que entrega la licencia, ya que la ley no distingue entre quien compra y quien vende”, advierte Varela.
A diferencia del caso de licencias médicas irregulares detectado por la Contraloría General de la República en 2022 —que identificó un perjuicio fiscal de $11.768 millones de pesos por más de 28 mil licencias injustificadas emitidas principalmente en servicios públicos de salud—, el fraude que comenzó a juzgarse esta semana es significativamente más grave en escala, sofisticación y daño económico.
“A diferencia del abuso individual o institucional reportado por la Contraloría, aquí se trata de una red delictiva organizada, con jefaturas, sociedades ficticias y roles diferenciados, que operó como un verdadero negocio criminal a gran escala”, especifica Varela.
Entre los 18 acusados que enfrentaron el juicio oral de este martes figuran 11 ciudadanos extranjeros de nacionalidad colombiana y 7 ciudadanos chilenos. Los imputados son médicos y captadores participantes de las sociedades creadas para defraudar:
Médicos:
- Samir Enrique Rivaldo Hernandez
- Álvaro Enrique Gnecco Cervantes
- Lizney Loreth de la Hoz Orozco
- Obed José Urrea Pérez
- Jeynner Olivero Álvarez
- Yesica María Donado Alvis
- José Joaquín Gnecco Cervantes
- Ana Beatriz Toncel Peña
- Karen Cecilia Mejía Cantillo
- Jorge Antonio González Guerrero
Captadores:
- Rodrigo Andrés Campos Cuello
- José Luis Araya Barraza
- Luis Alberto Jeria Hermosilla
- Miguel Ángel López Hidalgo
- Javiera Nikol Berdeja Felipez
- Nancy Marianela Berdeja Felipez
- Sharon Paola Cervantes Rodríguez
- Marcelo Alberto Olivares López
“El Estado debe perseguir a toda la cadena: desde los emisores hasta quienes usufructuaron de una licencia que no necesitaban. Este no es un caso más, es el segundo mayor fraude del que se tenga registro en Chile, y eso exige una respuesta ejemplar”, concluye Rodrigo Varela.
Sobre ALTO
Inmune es una solución de ALTO que busca aumentar la productividad de las empresas, a través de la disminución del ausentismo generando espacios de trabajo más sanos y seguros. ALTO es una multinacional presente en Chile, México, Colombia, España y Estados Unidos.
