El avance del SII en la fiscalización de criptoactivos marca un hito. Esto, en la lucha contra la evasión fiscal en entornos digitales. Posiciona a Chile como uno de los países líderes en la adaptación de sus políticas tributarias a las nuevas realidades tecnológicas.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) ha fortalecido sus acciones de fiscalización en el ámbito de los criptoactivos, logrando recuperar más de $4.700 millones en operaciones irregulares. 

En respuesta al crecimiento exponencial del mercado de los criptoactivos y los riesgos asociados a su falta de regulación, el Servicio de Impuestos Internos (SII) ha intensificado su enfoque fiscalizador sobre estas operaciones digitales. 

Solo en los últimos meses, la entidad ha cerrado 13 casos que implicaron ingresos no declarados. Principalmente por servicios pagados en criptomonedas, alcanzando un rendimiento tributario total de $4.702.255.765.

Estos casos evidencian un patrón recurrente entre los contribuyentes. La omisión de declarar ingresos obtenidos mediante activos digitales o la imposibilidad de justificar los costos asociados a estas transacciones. 

En todos los casos, el SII logró comprobar la existencia de billeteras digitales activas. Además de transacciones concretas gracias al uso de tecnologías como Big Data y el cruce de múltiples fuentes de información.

En este contexto de mayor fiscalización y control, es fundamental que los usuarios de criptomonedas opten por plataformas reguladas y confiables que cumplan con los estándares internacionales de seguridad y transparencia. 

Nuevas medidas para el control y reporte de operaciones con criptoactivos

Con el objetivo de fortalecer aún más el monitoreo de estas actividades y adaptarse a los estándares internacionales, el SII ha publicado recientemente dos resoluciones. Éstas  establecen nuevas obligaciones de reporte para los proveedores de servicios de activos digitales.

La Resolución Exenta N°113 introduce la Declaración Jurada Anual N°1963, destinada a los contribuyentes chilenos que actúan como intermediarios en operaciones con usuarios no residentes. 

A través de este mecanismo, se busca facilitar el intercambio automático de información fiscal con otros países. Ello, en el marco del Crypto Asset Reporting Framework (CARF) promovido por la OCDE. 

Esta declaración deberá presentarse por primera vez el 30 de junio de 2026. Aunque Chile ha anunciado que compartirá esta información desde ese mismo año. Así se adelanta al cronograma internacional que inicia en 2027.

Por otro lado, la Resolución Exenta N°114 establece la Declaración Jurada N°1964, dirigida a reportar las operaciones realizadas por usuarios con residencia o domicilio en Chile. Esta obligación incluye detalles sobre las personas controladoras de las cuentas. También transacciones como compras, ventas o pagos con criptomonedas, y la identificación de las billeteras digitales asociadas.

Avances en fiscalización y colaboración internacional

La capacidad del SII para detectar y fiscalizar estas operaciones ha sido posible gracias al análisis conjunto de múltiples fuentes. Ello, incluye declaraciones juradas (como la DJ 1891). También antecedentes de importación de equipos para minería digital, y datos abiertos disponibles públicamente. 

Chile ha consolidado un rol activo en los foros internacionales sobre fiscalización de criptoactivos. Participa en el Cryptoasset Expert Group (CAEG) de la OCDE. Lo que ha contribuido al diseño de estrategias globales de regulación y transparencia en este ámbito. Reafirmando así su compromiso con una economía digital segura y fiscalmente responsable.