Licencias médicas: cuando las cifras obligan a actuar
Por Rodrigo Varela – Gerente Legal de ALTO Inmune
Las licencias médicas cumplen un rol clave en la protección de la salud de los trabajadores.
Son un derecho necesario y legítimo cuando existe una condición real que impide desempeñar funciones laborales.
Sin embargo, cuando este instrumento se usa de forma indebida, no solo se debilita el sistema. También perjudica a quienes sí lo necesitan y se tensionan las finanzas públicas y privadas.
El reciente Informe Anual de Emisores de Licencias Médicas 2024 de la Superintendencia de Seguridad Social vuelve a encender las alertas.
Las cifras son claras y preocupantes. El 77% de los llamados “grandes emisores” de licencias, médicos que entregan más de 1.600 licencias al año, corresponde a profesionales extranjeros, principalmente de Colombia, Venezuela y Ecuador.
Esto, pese a que representan apenas el 0,6% del total de médicos que ejercen en Chile.
Si bien el número total de grandes emisores bajó respecto del año anterior, la concentración sigue siendo alarmante. Once médicos emitieron más de 5.000 licencias en sólo un año. La gran mayoría de ellos también es extranjera.
Más aún, la mayoría no cuenta con una especialidad médica. Sólo una fracción mínima corresponde a especialistas en salud mental. Una de las principales causas de licencias en el país.
Desde ALTO Inmune hemos seguido de cerca este fenómeno. En nuestro trabajo de análisis y persecución de licencias médicas falsas, hemos identificado vínculos entre grandes emisores y casos actualmente investigados por la justicia.
Entre 2023 y 2024, más de 25.000 funcionarios públicos viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia médica, muchos de ellos asociados a estos profesionales.
Hoy, como querellantes, mantenemos acciones judiciales contra 601 médicos, donde una parte relevante corresponde a profesionales extranjeros. Estas cifras no buscan estigmatizar ni generalizar, pero sí evidencian una realidad que no puede seguir siendo ignorada.
La evidencia sugiere que los mecanismos de fiscalización actuales son insuficientes. El sistema requiere con urgencia controles más robustos, mayor trazabilidad y una supervisión efectiva de las plataformas de emisión de licencias.
También es fundamental avanzar en auditorías cruzadas sistemáticas, capacitación continua para los profesionales de la salud y una colaboración más estrecha con los países de origen de médicos involucrados en irregularidades.
Cuidar el sistema de licencias médicas no es una persecución, es una responsabilidad. Proteger este derecho implica garantizar que se use de forma correcta, transparente y justa. Las cifras están sobre la mesa; ahora, el desafío es actuar con decisión.
