Un balance de ALTO INMUNE revela que las acciones judiciales por licencias médicas falsas alcanzaron a 601 casos a diciembre de 2025. Esto, con foco en los denominados “grandes emisores”. Profesionales que emiten un alto números de licencias. Que, en muchos casos, comercializaban las licencias a través de redes sociales sin atención médica efectiva.
Ello, en un contexto donde la emisión de licencias electrónicas cayó 22,8% producto de la presión legal.
Estas cifras se dan en un contexto complejo donde el año recién pasado hubo números preocupantes sobre el uso de licencias médicas fraudulentas. Se dieron a conocer a través de fiscalizaciones masivas lideradas por la Contraloría General de la República. También la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) e Instituciones de Salud Privada.
Desde ALTO INMUNE sostienen que no existe un número único de “licencias individuales totales, ya que las investigaciones se han dividido por sectores y tipos de irregularidades”, dice Rodrigo Varela, gerente legal de la firma.
“Responden a una estrategia coordinada entre el Estado, Fonasa y la Suseso. También las Isapres y el Ministerio Público. Unidos para desarticular un modelo de negocio ilegal”, señala.
Estas acciones legales están centradas en el surgimiento de los “Grandes Emisores”. Son profesionales que emiten más de 1.600 licencias anuales y que han llegado a vender licencias por redes sociales.
“Las querellas apuntan a médicos que publicitan sus servicios en plataformas digitales. Cobran tarifas fijas por días de reposo sin realizar exámenes ni consultas. También a profesionales que crean redes de sociedades falsas para emitir licencias desde Centros Médicos de papel para defraudar al sistema”, explica Varela.
Este es uno de los objetivos adicionales de estas querellas de recuperar fondos. En el sector de las Isapres ha tenido perjuicios por más de $52.000 millones hasta marzo de 2025.
El Gerente Legal de ALTO INMUNE sostiene que.
“Un factor insólito que ha motivado querellas este año es la detección de 6.410 médicos que emitieron licencias a terceros. Todo, mientras ellos mismos estaban bajo reposo médico. Esto revela una contradicción clínica y legal que facilita la prueba de fraude ante los tribunales”.
Agrega que este escenario ha llevado a que la emisión de licencias electrónicas baje un 22,8% a finales de 2025. Lo que demuestra que la presión legal está teniendo un efecto disuasorio.
En esa línea, 6.410 médicos fueron identificados emitiendo licencias a terceros mientras ellos mismos se encontraban bajo reposo médico, y a finales de diciembre de 2025, se decretó prisión preventiva para un grupo de 7 médicos por un fraude que supera los $20 mil millones. En tanto, en el sector privado se detectaron cerca de 80.000 trabajadores que registraron salidas al extrnajero mientras tenían órdenes de reposo vigentes entre 2023 y mediados de 2025.
En general, la mayoría de los médicos considerados “grandes emisores” y que son objeto de querellas forman parte – según las investigaciones de la Fiscalía y PDI – “de estructuras que evolucionaron de casos aislados a verdaderas redes de crimen organizado”, dice Rodrigo Varela.
Las investigaciones de los organismos han identificado un patrón común. La mayoría de los involucrados se declara ser médico general o psiquiatra. Esto, porque los diagnósticos de salud mental son difíciles de refutar a través de una auditoría rápida.
Operan a través de centros médicos de fachada. También tienen volumen sobrehumano de emisión. Además hay una ausencia de consulta real (en varios casos se emiten las licencias desde el extranjero).
Esta red – que fue desarticulada a fines del año pasado – operaba a través de Centro Médicos de Fachada. Con venta por redes sociales y captadores. Ciclo de emisión electrónica, donde se hace el contacto con un pago de tarifa sin evaluación. Además con emisión remota; y uso de claves.
“Siete médicos fueron formalizados en diciembre de 2025 por asociación ilícita. Un delito mucho más grave que la simple falsificación. Implica una organización jerarquizada para delinquir”, dice Rodrigo Varela.
Para evitar que estas querellas queden prescritas considerando el alto volumen de casos que se registraron en 2025. La Ley y las nuevas reformas que se han hecho establecen mecanismos como la ampliación de plazos por delitos continuados. También la interrupción de la prescripción si el procedimiento se dirige contra imputados; la nueva Ley 21.746 de mayo de 2025 que enfrenta la tardanza judicial a través de herramientas administrativas que no dependen de los tiempos de un juicio penal.
“Para los trabajadores que compraron licencias en 2023 y 2024, si bien el riesgo de prescripción siempre estará vigente, la mayoría de estas investigaciones se judicializaron durante 2025, deteniendo los plazos de prescripción a favor del Estado”, por lo que el riesgo en dichos casos desaparece, puntualiza el gerente legal de ALTO INMUNE, Rodrigo Varela.
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