La Ley de Inteligencia Artificial en discusión en el Senado de Chile representa una oportunidad histórica. Esto, para equilibrar protección de derechos, ética y fomento de la innovación tecnológica. Su éxito dependerá de nuestra capacidad para legislar con visión, flexibilidad y conocimiento técnico. Ello, evitando que la regulación se convierta en un freno que deje al país rezagado en la carrera digital global.
Hoy es una decisión estratégica de país. El proyecto que regula los sistemas de inteligencia artificial está actualmente en estudio en el Senado. Busca establecer un marco legal que proteja derechos fundamentales y promueva la ética. También otorgue certezas en el uso de una tecnología que avanza a una velocidad muy superior a la del proceso legislativo.
El proyecto —impulsado en línea con estándares internacionales— apunta a prevenir la discriminación algorítmica. Además, proteger la privacidad, garantizar la transparencia y establecer responsabilidades claras para desarrolladores y operadores de sistemas de IA. Especialmente aquellos clasificados como de alto riesgo, como los utilizados en salud, empleo, educación, finanzas o justicia.
En estos casos, se proponen exigencias de supervisión humana y gestión de riesgos. También de trazabilidad y explicabilidad de decisiones automatizadas.
Asimismo, la iniciativa contempla obligaciones de identificación explícita de contenido generado por IA. Incluyendo textos, imágenes y deepfakes, con el objetivo de combatir la desinformación y proteger a las personas frente a manipulaciones digitales cada vez más sofisticadas.
Desde el punto de vista de los derechos, el avance es innegable. Los usuarios tendrían mayor claridad sobre cuándo interactúan con una IA. Cómo se utilizan sus datos y qué mecanismos existen para reclamar frente a decisiones automatizadas injustas o no explicables. En un contexto donde los algoritmos ya influyen en créditos, diagnósticos, postulaciones laborales y acceso a servicios, este resguardo es necesario.
La inteligencia artificial no es un software tradicional. Es una tecnología profundamente dependiente del acceso a datos, de la interación rápida, de modelos adaptativos y de ciclos continuos de mejora. Regularla como si fuera un sistema estático es desconocer su naturaleza.
Hoy Chile avanza en paralelo en múltiples frentes normativos. Ley de Delitos Informáticos, Ley Marco de Ciberseguridad y nueva ley de protección de datos personales. Ahora, la Ley de Inteligencia Artificial.
Estudios recientes indican que las empresas ya destinan hasta un 19% de su presupuesto tecnológico solo al cumplimiento normativo. Ese porcentaje no es neutro. Es inversión que deja de destinarse a innovación, automatización, analítica avanzada o desarrollo de soluciones basadas en IA que podrían mejorar productividad, eficiencia y competitividad.
La preocupación del sector tecnológico no es ideológica ni caprichosa. Es técnica y económica. Una regulación diseñada sin comprender las dinámicas reales de desarrollo e implementación de IA puede generar el efecto contrario al buscado: más fricción, mayores costos, menos innovación y menor adopción responsable.
El ejemplo europeo es ilustrativo. La Unión Europea, pionera en regulación digital, está hoy revisando aspectos de su AI Act luego de constatar que su enfoque inicial —basado en clasificaciones rígidas de riesgo y obligaciones generalizadas— tuvo efectos adversos sobre startups, centros de investigación y proveedores de servicios tecnológicos.
Estados Unidos, en contraste, ha optado por marcos más adaptativos, basados en estándares técnicos, auditorías, guías dinámicas y autorregulación supervisada por agencias sectoriales. Dos caminos distintos, con resultados distintos.
Chile debe observar estas experiencias como referencias, no como moldes. Copiar y pegar normativas diseñadas para mercados maduros, con ecosistemas tecnológicos consolidados y escalas de inversión muy superiores, sería un error estratégico. Nuestra realidad económica, productiva y demográfica exige pragmatismo regulatorio, no dogmatismo.
Regular la IA en Chile es como diseñar un traje a medida: debe ajustarse a nuestro tamaño, nuestras capacidades y nuestras aspiraciones de desarrollo. Un marco demasiado rígido puede terminar siendo un muro; uno demasiado laxo, una ilusión de control.
A este debate se suma una debilidad estructural: el proceso de discusión. Instancias como seminarios o encuentros generales, si bien valiosos, no reemplazan la necesidad de mesas técnicas permanentes, evaluaciones de impacto regulatorio serias y análisis comparado profundo.
Requiere ingeniería regulatoria, diálogo técnico continuo y la capacidad de corregir el rumbo cuando la evidencia lo exige.
La experiencia demuestra que los marcos más exitosos son aquellos que definen principios claros, estándares auditables y roles de responsabilidad, dejando espacio para la evolución tecnológica. Las normativas excesivamente detallistas, en cambio, nacen obsoletas.
Chile está en una encrucijada histórica. Inteligencia artificial no es una promesa futura. Es una infraestructura crítica del presente. La forma en que la regulemos determinará si nos convertimos en un hub regional de innovación, o si quedamos relegados a ser consumidores pasivos de tecnología desarrollada en otros países.
El miedo no puede ser el arquitecto de nuestra ley. Si imponemos barreras burocráticas excesivas, responsabilidades desproporcionadas o cargas técnicas imposibles de cumplir para startups y desarrolladores locales, simplemente mataremos el ecosistema antes de que madure.
Nuestros vecinos observan. El liderazgo digital en Latinoamérica no está asignado. Si Chile titubea, otro país ocupará ese espacio.
La oportunidad es hoy. Una regulación equilibrada puede generar confianza, atraer inversión, proteger derechos y potenciar el desarrollo tecnológico. Una regulación apurada o mal diseñada puede cerrar puertas que después será imposible volver a abrir.
No dejemos que la historia nos recuerde como la generación que tuvo la llave del desarrollo en la mano y, por miedo a usarla, decidió no abrir la puerta. El futuro no espera. Y el liderazgo digital tampoco.
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