Durante los últimos años, la industria minera en Chile ha debido enfrentar un fenómeno que dejó de ser anecdótico. Esto, para transformarse en estructural. El aumento sostenido y la sofisticación del delito en faenas productivas.
Robos de vehículos, cables de cobre e infraestructura crítica no solo han generado millonarias pérdidas económicas. También han puesto en riesgo la continuidad operacional. Lo más grave, la seguridad de los trabajadores.
De acuerdo con datos de Carabineros, sólo en 2025 se han registrado más de 16.000 denuncias por robos de vehículos a nivel nacional.
En paralelo, la PDI reportó que durante 2024 se produjeron más de 2.800 robos de camionetas en la industria minera. Se trata de delitos cada vez más organizados. Cometidos en zonas aisladas, con conocimiento del terreno y con una sensación de impunidad que, por años, fue parte del problema.
Antes de 2023, la compañía enfrentaba robos reiterados, muchos de ellos violentos. Quedaban sin sanción efectiva, generando pérdidas que alcanzaban los US$220 mil dólares. Sólo por sustracción de cable en centros críticos.
A esto se sumaba un impacto silencioso pero profundo. La sensación de inseguridad entre los equipos que operan en terreno.
La experiencia demuestra que la seguridad minera no se resuelve únicamente con más tecnología o mayor dotación de guardias.
El delito actual exige algo distinto. Estrategia, análisis y persecución penal efectiva.
El punto de inflexión para SQM fue replantear su enfoque desde una mirada integral. A partir del análisis de datos y la identificación de patrones delictuales. Junto al diseño de estrategias disuasivas, se logró algo que parecía improbable: reducir en un 82% los eventos delictivos. También eliminar completamente el robo de camionetas desde abril de 2023. Y erradicar el robo de cables de cobre en infraestructura crítica desde junio del mismo año.
Se decomisaron 2,3 toneladas de cobre, se detectaron 23 chatarrerías vinculadas a la cadena del delito y, por primera vez, se avanzó en consecuencias penales concretas: 10 condenas efectivas, con penas que van desde los 41 hasta los 300 días de presidio.
Esto generó un efecto disuasivo real, especialmente entre delincuentes habituales. Las bandas criminales que operan contra la minería han sofisticado sus métodos, aprovechando la ubicación geográfica de las faenas y las brechas históricas en persecución penal. Frente a ese escenario, la inacción o las soluciones parciales solo profundizan el problema.
La experiencia de SQM demuestra que sí es posible revertir esta tendencia cuando existe decisión, coordinación y una estrategia basada en información. Hoy, el impacto positivo no solo se refleja en menores pérdidas económicas, sino también en algo fundamental: trabajadores que vuelven a sentirse seguros y operaciones que recuperan estabilidad.
La seguridad minera debe entenderse como un eje estratégico del negocio y no como un costo inevitable. Abordarla de manera proactiva y preventiva, identificando patrones, anticipando riesgos y asegurando consecuencias penales, es la única forma de enviar una señal clara: el delito no es parte del costo operacional y no quedará impune.
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