La actualización de la Ley N° 19.628, mediante la Ley N° 21.719 (Ley que regula la Protección y el Tratamiento de los Datos Personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales), representa uno de los cambios regulatorios más relevantes de los últimos años. Esto, en materia de privacidad y tratamiento de información personal.
Desde la industria de la intermediación de seguros destacan que el desafío no sólo pasa por cumplir la ley. También por fortalecer la confianza de los clientes. Ello, en un contexto donde el manejo responsable de la información se ha transformado en un factor crítico de reputación y competitividad.
Quedan pocos meses de la entrada en vigencia de la nueva normativa de protección de datos personales en Chile. Por ello, desde la Asociación Gremial de Corredores de Seguros de Chile (ACOSEG) advierten que el sector debe acelerar su preparación. Todo, para cumplir con los nuevos estándares legales y tecnológicos.
La actualización de la Ley N° 19.628, mediante la Ley N° 21.719 (Ley que regula la Protección y el Tratamiento de los Datos Personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales), representa uno de los cambios regulatorios más relevantes de los últimos años. Esto, en materia de privacidad y tratamiento de información personal. incorpora mayores obligaciones para las empresas y nuevas facultades de fiscalización y sanción.
Desde la industria destacan que el desafío no sólo pasa por cumplir la ley. También por fortalecer la confianza de los clientes. Esto, en un contexto donde el manejo responsable de la información se ha transformado en un factor crítico de reputación y competitividad.
“El negocio asegurador trabaja diariamente con información altamente sensible de personas y empresas. Hablamos de antecedentes financieros, patrimoniales, médicos y personales que requieren protocolos claros de resguardo y trazabilidad. Nuestra industria ha sido muy profesional en el tratamiento de estos datos. La nueva Ley obliga a profesionalizar aún más estos procesos”, señala Marcos Schmitt, asociado de ACOSEG.
Entre los principales cambios que introduce la normativa se encuentra la exigencia de consentimiento informado y explícito. Ello, para el tratamiento de datos personales.
Así se deja atrás autorizaciones genéricas o poco transparentes. Asimismo, las personas podrán ejercer de manera más simple sus derechos ARCOP. Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y Portabilidad de sus datos.
A esto se suma la creación de una Agencia de Protección de Datos Personales. Un organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de la normativa. Además de aplicar sanciones en casos de incumplimiento, filtraciones o uso indebido de información.
Desde el sector indican que este trabajo interno requerirá la implementación de la Ley. Especialmente en áreas como infraestructura tecnológica y almacenamiento seguro. También en monitoreo de accesos, trazabilidad de la información y capacitación de equipos.
“Adaptarse no será sólo para actualizar contratos o agregar cláusulas legales. Las empresas tendrán que desarrollar protocolos, sistemas de control, políticas de almacenamiento y mecanismos. Todo enfocados a que permitan responder rápidamente ante solicitudes o incidentes relacionados con datos personales. Eso requiere tiempo, inversión y coordinación”, agrega el experto de ACOSEG.
Como proveedores tecnológicos, plataformas digitales y empresas externas que puedan acceder o procesar información de clientes, ya que la responsabilidad sobre el tratamiento de los datos será mucho más estricta. Enfatizando que, las multas contempladas en la nueva normativa podrían alcanzar cifras significativas para las organizaciones que incumplan las obligaciones establecidas.
Desde ACOSEG, destacan que la entrada en vigencia de la nueva ley marcará un cambio cultural importante en la forma en que las organizaciones recopilan, administran y resguardan la información personal, transformando la protección de datos en un elemento central de la relación con clientes y potenciales asegurados.
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