Cada año se pierden más de 850 millones de dólares en licencias fraudulentas.
Recursos que podrían destinarse a fortalecer la red hospitalaria. O ampliar prestaciones o reducir las listas de espera.
Esta realidad exige redoblar esfuerzos para proteger un instrumento creado para resguardar a los trabajadores que realmente lo necesitan.
El impacto fiscal es evidente. Las empresas están en la primera línea de este problema.
La ausencia injustificada de trabajadores genera disminución de la fuerza laboral activa. Con ello costos operacionales y pérdida de productividad.
Esto afecta al clima laboral e incrementa los costos operativos y limitando la planificación. Más allá de las pérdidas, también abre la oportunidad de implementar soluciones innovadoras.
Esto para fortalecer la productividad y devolver la certeza a los empleadores.
Las cifras muestran un patrón claro: en determinadas épocas del año, como los meses de verano, es donde mayormente se concentran licencias. Por décadas han sido las principales patologías utilizadas, como son psiquiatría, traumatología, osteomusculares y enfermedades respiratorias.
Más que un fraude aislado, este comportamiento revela un sistema que necesita modernizarse con controles más ágiles. Además de herramientas digitales de validación y un trabajo conjunto. Todo entre organismos públicos y privados.
El gran desafío es cultural. Durante años se ha instalado la idea de que obtener una licencia falsa es un “atajo”. En realidad se trata de un delito penal, que conlleva consecuencias laborales y sociales que perjudican a toda la comunidad.
Cada documento fraudulento debilita la confianza en las instituciones y afecta a los trabajadores que cumplen con la norma. Revertir esta percepción requiere educación, transparencia y mecanismos de fiscalización más visibles.
Hoy existen las condiciones para avanzar hacia un modelo de prevención más sólido.
La implementación de verificación electrónica, auditorías cruzadas y protocolos de ética empresarial son medidas que permiten a las compañías y al sistema de salud enfrentar esta problemática con mayor resiliencia.
Desde esa perspectiva, el fraude en licencias médicas ya no implica solo pérdidas. Es también la posibilidad de construir un sistema más justo, eficiente y confiable.
El camino está en la colaboración: Estado, empresas, profesionales de la salud y trabajadores deben asumir un rol activo para transformar este desafío en una oportunidad de mejora.
Reforzar la validez de la licencia médica como un derecho legítimo no es solo un asunto económico, sino una condición indispensable para garantizar equidad, confianza y bienestar a largo plazo en la sociedad chilena.
Sobre ALTO
Inmune es una solución de ALTO que busca aumentar la productividad de las compañías, a través de la disminución de ausentismo generando espacios de trabajo más sanos y seguros. ALTO es una multinacional presente en Chile, México, Colombia, España y Estados Unidos.
Por Rodrigo Varela, gerente legal de ALTO INMUNE
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