El estudio “Docentes ante las violencias en las escuelas” presentado por el Colegio de Profesores en 2023 y formado por 4.079 respuestas de docentes (71,18% mujeres y 27,8% hombres) indicó que 2.914 mujeres y 627 hombres han sido víctimas de insultos en sus establecimientos (86,8%); 691 mujeres y 352 hombres han experimentado amenazas (25,5%); y 172 y 82, respectivamente, han recibido amenazas en redes sociales (6,2%).Además el sondeo destaca que las formadoras mujeres son las más afectadas por este tipo de hechos.

“Ya estábamos enfrentando un crecimiento en la crisis de salud mental antes de la pandemia de COVID-19, y esta situación se ha intensificado considerablemente desde entonces”, reflexiona Lorena Escobar, psicóloga clínica infantojuvenil y colaboradora de la editorial Caligrafix.

El trágico suicidio de Katherine Yoma, una docente de 31 años de Antofagasta, tras recibir amenazas de muerte de una alumna, ha conmocionado a la nación. A pesar de haber denunciado reiteradamente el acoso sostenido en su comunidad escolar, su llamado de auxilio no fue atendido a tiempo. Este desgarrador incidente resalta una realidad inquietante: la creciente violencia hacia los educadores en las aulas chilenas.

En respuesta, el Colegio de Profesores está impulsando fervientemente la promulgación de una ley que ofrezca protección real a los educadores, enfatizando la urgencia de abordar y prevenir estas situaciones de violencia que han estado emergiendo con más frecuencia en los últimos años.

Lorena Escobar, psicóloga clínica infantojuvenil y colaboradora de la Caligrafix editorial, ofrece una perspectiva reveladora sobre el reciente aumento de la violencia en los entornos educativos. Según Escobar, este fenómeno podría estar más visible hoy en día debido a la creciente sensibilización hacia la cultura del buen trato y los derechos humanos. “Estamos presenciando un fenómeno que no es nuevo, pero sí más perceptible ahora, en parte gracias a una mayor conciencia social. Además, la violencia escolar ya estaba en aumento antes de la pandemia de COVID-19, situación que se ha exacerbado notablemente debido a la actual crisis de salud mental que vive nuestro país”, explica.

“La pandemia ha impuesto restricciones severas y prolongadas, generando incertidumbre y distanciamiento social, lo que ha dejado huellas profundas en la población, especialmente en niños y adolescentes. Estos han visto interrumpido su desarrollo vital de manera significativa”, añade Escobar.

Adicionalmente, la experta señala un alarmante incremento en los casos de violencia contra docentes por parte de los apoderados. Un ejemplo reciente ocurrió en una escuela de San Felipe, donde una apoderada agredió físicamente a la directora y a una docente durante una reunión convocada por comportamientos agresivos de su hijo.

Escobar también subraya el estrés que sufren los padres debido a sus propios desafíos de salud mental y a un sistema educativo saturado. “A pesar de los esfuerzos del Estado por ampliar la cobertura, el acceso a tratamientos de salud mental es insuficiente debido a los altos costos, la gran demanda y la escasez de recursos disponibles, lo que agrava aún más la situación”, concluye la psicóloga.

Secuelas de un aula violenta

Lorena Escobar destaca las profundas repercusiones que la violencia y el acoso en el ámbito educativo pueden tener sobre los docentes. “La exposición continua a estos comportamientos hostiles puede llevar a consecuencias severas, tales como el desarrollo de traumas. En algunos casos, los educadores pueden experimentar síntomas de estrés postraumático, dependiendo de su estado emocional previo, la frecuencia e intensidad de las agresiones”, explica la especialista.

La contención emocional que los docentes reciben en su entorno y el acceso oportuno a servicios de salud mental son cruciales para mitigar estos efectos. Sin el apoyo adecuado, los educadores pueden enfrentar un aumento en síntomas como miedo, ansiedad, angustia y problemas para dormir. Además, es común observar alteraciones en el ritmo diario de vida, afectando su alimentación, patrones de sueño y provocando un agotamiento mental generalizado.

Apoyo y contención al profesorado

“Es esencial que los docentes se sientan escuchados y validados dentro de sus espacios de trabajo, lo cual contribuye a otorgarles dignidad y credibilidad a sus experiencias”, explica Escobar. Además, menciona que los equipos psicosociales presentes en algunos centros educativos deben proporcionar apoyo, mediación y contención eficaz.

Escobar también destaca la necesidad de medidas preventivas en las escuelas. “La educación debe adaptarse a las necesidades actuales y poner un mayor énfasis en los aspectos emocionales, tanto para los estudiantes como para sus familias”, sugiere. Según la especialista, es vital que los educadores, al igual que todos los profesionales sujetos a presiones, dispongan de oportunidades de autocuidado facilitadas por sus propios lugares de trabajo.

En cuanto a las acciones recomendadas para los docentes que actualmente experimentan violencia o agresión, Escobar aconseja: “Es crucial que los docentes demanden la implementación de protocolos de actuación en sus colegios, así como la creación de espacios sistemáticos de autocuidado y el acompañamiento de los equipos psicosociales para manejar situaciones complejas”.

¿Una ley más robusta es la solución?

Frente a la pregunta de si una legislación más robusta es la solución para combatir la violencia contra los docentes en nuestro país, la psicóloga Lorena Escobar opina que las leyes pueden contribuir significativamente, siempre que se establezcan protocolos claros y equitativos que actúen como un soporte fundamental para todos los involucrados en el sistema escolar. “Las leyes siempre serán un aporte, en tanto provean un marco de actuación uniforme y se conviertan en un pilar esencial para todos los actores del entorno educativo”, afirma Escobar.

Sin embargo, Escobar subraya que hay desafíos más profundos que necesitan ser abordados. “Vivimos en una creciente crisis de salud mental que sigue agudizándose, y al mismo tiempo, nuestro sistema educativo no responde adecuadamente a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, ni al papel de los docentes, quienes son fundamentales en el desarrollo de los jóvenes pero a menudo carecen del reconocimiento y apoyo necesarios tanto de sus espacios de trabajo como del sistema en su conjunto”, explica.

Por lo tanto, aunque una legislación más fuerte es un paso necesario, también se requiere una transformación integral del sistema educativo que incluya actualizaciones curriculares, mejor reconocimiento y soporte para los educadores, y un enfoque renovado en la salud mental de todos los participantes en el proceso educativo.

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