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“La última etapa del delito es crucial y decisiva para garantizar justicia y debido proceso. Es en este momento donde se consolidan los esfuerzos previos: la presentación de pruebas, la validación de las investigaciones y la determinación de sanciones adquieren un papel central. Esta fase define si los procedimientos llevados a cabo logran transformarse en condenas efectivas, contribuyen a disuadir futuros delitos y aseguran una reparación adecuada para las víctimas”, explica María de los Ángeles Kassis, Country Manager de ALTO Chile.
Santiago, 2024.- La fase final de la cadena delictiva es crítica dentro del proceso de control de la delincuencia. Este es el momento donde se materializan los delitos y los delincuentes buscan concretar sus objetivos, como la apropiación de bienes o el transporte de mercancías robadas. Y, es en esta etapa, donde las empresas deben implementar estrategias sólidas que permitan mitigar riesgos, monitorear movimientos y garantizar una respuesta rápida y efectiva para desarticular estas actividades ilícitas antes de que generen un impacto significativo en la organización.
Según explica María de los Ángeles Kassis, Country Manager de ALTO Chile “las acciones delictivas, además de las pérdidas materiales, provocan un ambiente de inseguridad que impacta negativamente tanto a los trabajadores como a los clientes. Por tanto, la necesidad de implementar medidas de seguridad efectivas es más crucial que nunca para mitigar estos riesgos, proteger el bienestar económico de las organizaciones y su capital humano”.
Ante este complejo escenario, el Gobierno ha implementado diversas iniciativas para combatir la última milla del delito, como el refuerzo de la seguridad en puntos críticos, la implementación de tecnologías de monitoreo y el fortalecimiento de la colaboración entre agencias. Por su parte, el sector privado también desempeña un rol clave, participando activamente en la protección de sus propias cadenas de suministro y colaborando en el desarrollo de sistemas de seguridad preventivos que dificulten las actividades de estas organizaciones criminales.
“La última etapa del delito es crucial y decisiva para garantizar justicia y debido proceso. Es en este momento donde se consolidan los esfuerzos previos: la presentación de pruebas, la validación de las investigaciones y la determinación de sanciones adquieren un papel central. Esta fase define si los procedimientos llevados a cabo logran transformarse en condenas efectivas, contribuyen a disuadir futuros delitos y aseguran una reparación adecuada para las víctimas”, Además, un desenlace sólido en el proceso penal refuerza la confianza en el sistema de justicia y envía un mensaje claro de que la impunidad no tiene cabida, lo que resulta crucial para la prevención de la delincuencia.”, explica la profesional.
“Además, a medida que el crimen organizado continúa innovando en sus tácticas, las autoridades y las empresas deben mantenerse un paso adelante, desarrollando estrategias que vayan alineadas a la evolución de la criminalidad. Por ello, en temas de seguridad, es esencial adoptar una mirada 360°, con un enfoque integral que trascienda lo operativo y se convierta en parte de la cultura organizacional”, agrega la experta.
Coordinación público/privado
Según explica la profesional “En ALTO hemos evidenciado cómo la coordinación entre organismos públicos y empresas privadas resulta muy eficaz para el combate a la delincuencia y generar ambientes seguros. Esto lo vemos en todos los países donde hemos logrado estar: Estados Unidos, Colombia, México. Chile y España”.
“En el caso específico de Chile, cuando hemos trabajado en coordinación público privada con el Ministerio Público, hemos conseguido incrementar en casi un 300% los resultados exitosos en los procesos legales, pasando de un 9,9% de la Fiscalía en solitario a un 38,5% cuando ALTO está involucrado.
Mediante esfuerzos colaborativos, es posible obtener resultados exitosos en la resolución de delitos consumados, actuando de manera estratégica sobre la cadena de distribución delictiva. Esta sinergia entre diferentes actores permite interrumpir las operaciones criminales, desmantelar redes organizadas y prevenir futuros ilícitos, fortaleciendo así la seguridad y la justicia.
“Sin duda, la colaboración entre el sector público y privado desempeña un rol fundamental en el ámbito de la seguridad. Estamos convencidos de que las empresas pueden aportar soluciones innovadoras y recursos para fortalecer estratégicamente esta área, contribuyendo a que nuestro país recupere su seguridad”, finaliza.
Sobre ALTO
ALTO es una empresa de servicios multinacional dedicada a la protección de activos, marcas y personas a través de soluciones basadas en tecnología para generar comunidades prósperas y más seguras, disminuir riesgos y delitos. ALTO está presente en Chile, México, Colombia, España y Estados Unidos.
