Por: Rodrigo Varela, Gerente Legal de ALTO Inmune.

Santiago,2025.- En los últimos meses, un problema que ya venía arrastrándose hace años ha tomado una magnitud alarmante: las denuncias de venta irregular y falsificación de licencias médicas. La Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), a través de su portal de denuncias, ha recibido más de 1.600 casos, un número que se ha incrementado considerablemente en apenas un año. Si en 2023 las denuncias alcanzaban 384, para 2024 este número ha más que duplicado, llegando a 889, lo que refleja un problema cada vez más grave y extendido en nuestra sociedad.

Este incremento no es sólo un reflejo de la deshonestidad que subyace en estos actos, sino también un síntoma de las vulnerabilidades del sistema que facilita esta práctica. La falsificación de licencias médicas, que pasó de 90 casos en 2023 a 308 en 2024, se ha convertido en un negocio lucrativo, donde la comercialización se realiza principalmente a través de redes sociales, con precios que alcanzan hasta los $60.000. La magnitud del fraude es tal que, en 2022, una organización dedicada a la emisión irregular de licencias llevó a la imputación de 30 personas, incluidos médicos extranjeros, lo que resultó en la prisión preventiva de siete de ellos.

Ante esta situación, la reacción del gobierno no ha sido tardía. En 2023, el Ministerio de Salud lanzó un plan de fiscalización que, aunque necesario, aún queda corto frente a la magnitud del problema. A esto se suma la tramitación de la Ley 20.585, que busca reforzar los mecanismos de fiscalización y aumentar las sanciones para quienes se vean involucrados en este tipo de delitos.

Pero el desafío va más allá de lo legislativo o lo normativo. En mi experiencia profesional, la educación sobre el uso correcto de las licencias médicas es esencial para abordar este fenómeno. Las licencias médicas fraudulentas no sólo afectan la economía del país, sino que también generan un daño estructural a las empresas, que deben lidiar con un aumento en el ausentismo laboral y con pérdidas que se calculan para el Estado en más de 800 millones de dólares anuales. Además, esta práctica mina la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas y privadas, generando un círculo vicioso de desconfianza que afecta a todos los niveles de la sociedad.

Es relevante entender que, detrás de cada licencia médica falsa, hay un impacto profundo en el bienestar de las empresas, en la estabilidad económica del país y en la percepción pública del sistema de salud. La lucha contra este fraude requiere de un compromiso colectivo, no sólo de los entes reguladores, sino también de cada uno de nosotros como ciudadanos responsables. La legalidad, la ética y el respeto a las normas deben prevalecer para asegurar que el sistema de salud siga siendo una herramienta confiable y justa para todos.

Hasta la fecha, en Alto Inmune hemos presentado querellas contra más de 650 médicos y alrededor de 100 afiliados involucrados en la compra de licencias médicas fraudulentas. Entre los casos más emblemáticos, destaca la condena a uno de los primeros afiliados, quien recibió una pena de 541 días como comprador del ilícito. Además, un caso que generó gran repercusión mediática fue el de la venta de licencias médicas en la rotonda de Plaza Italia, donde tanto los vendedores como los compradores no eran médicos. Este caso resultó en la condena de los involucrados a penas de 541 días y en la prisión preventiva de más de tres meses.

La pregunta que debemos hacernos ahora es: ¿cómo podemos fortalecer las herramientas que nos permitan reducir este fenómeno y, al mismo tiempo, restaurar la confianza de la sociedad en los mecanismos de fiscalización y control? La respuesta, sin duda, pasa por un esfuerzo conjunto entre la sociedad, el sector privado y el gobierno. Sólo así podremos enfrentar este problema de manera efectiva y garantizar un sistema más transparente y justo para todos.

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