El reciente informe emitido por la Contraloría General de la República, que reveló que más de 25 mil funcionarios públicos viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia médica, no solo genera indignación por los $11.800 millones comprometidos.
Más grave aún, deja al descubierto una falla estructural en los mecanismos de control y una preocupante carencia de cultura organizacional dentro del aparato estatal.
Situaciones de esta naturaleza exigen una respuesta categórica por parte del Estado, mediante el fortalecimiento de los procesos de fiscalización y la promoción de una cultura basada en la integridad y la responsabilidad.
El ausentismo laboral, especialmente cuando obedece a licencias médicas injustificadas o derechamente fraudulentas, constituye un problema de alto impacto.
En el ámbito público, ello se traduce en una merma significativa en la calidad de la atención ciudadana, retrasos en la tramitación de servicios, sobrecarga para otros funcionarios y, lo más delicado, una creciente desconfianza hacia las instituciones y el sistema de salud.
En el sector privado, el fenómeno del ausentismo, intensificado tras la pandemia, ha sido enfrentado con determinación. Tras el COVID -19 hubo un promedio de 35,4 días de inasistencia por trabajador en 2022, esto según la Dirección de Presupuestos (Dipres) de Chile.
El aumento se refleja en un incremento sustancial en comparación con los niveles pre-pandemia, llegando a un 27%, de hecho en 2024 las licencias fraudulentas emitidas por médicos irregulares han demostrado tendencia a la baja. Solamente un dato: en enero de 2023 el porcentaje de licencias con datos de médicos irregulares alcanzaba el 13,6%, mientras que en enero de 2024 esta cifra, bajó a 11,3%.
Desde el sector privado hemos comprobado que sí es posible reducir el ausentismo de forma significativa, con soluciones tecnológicas y metodologías de análisis predictivo que permiten identificar de forma oportuna conductas irregulares.
Combinadas con estrategias disuasivas, estas herramientas han demostrado ser efectivas en la reducción de ausencias injustificadas, fomentando una gestión más eficiente, transparente y sostenible en el tiempo.
Esperamos que este caso marque un punto de inflexión. Pero no basta con la indignación ciudadana: se requiere una revisión profunda del sistema, la identificación de responsabilidades y la aplicación de sanciones ejemplares. Solo así será posible restituir la confianza en el servicio público y en la seriedad de nuestras instituciones.
Jorge Nazer
Fundador y CEO
ALTO
