Por María José Vidal, Socia-Directora de VA – Vidal Abogados

Hablar de minería en Chile es hablar del corazón productivo del país: una actividad que no solo genera inversión, empleo y crecimiento, sino que también será protagonista en la transición energética global.

Sin embargo, este motor enfrenta una amenaza silenciosa que se ha vuelto cada vez más evidente para quienes trabajamos de cerca con la industria: la permisología.

Hoy en Chile, desarrollar un proyecto minero puede implicar la obtención de más de 200 permisos, otorgados por múltiples entidades públicas, cada una con sus propios criterios, tiempos y exigencias.

Esta maraña burocrática, lejos de garantizar una evaluación rigurosa, crea incertidumbre, encarece los procesos y, en muchos casos, termina por desincentivar la inversión.

Como abogada especializada en la industria minera, vio cómo proyectos técnicamente viables y ambientalmente sustentables quedan atrapados en un sistema que, más que proteger, parece castigar la iniciativa productiva.

Y no se trata de relativizar la importancia del resguardo ambiental, todo lo contrario. Se trata de dotar al sistema de una estructura moderna, eficiente y coordinada que permita compatibilizar exigencias con el desarrollo.

La permisología, tal como está hoy, se ha convertido en uno de los principales cuellos de botella para la minería chilena.

Mientras otros países, como Canadá o Australia, ya han implementado modelos regulatorios más ágiles, sin renunciar a altos estándares ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), en Chile seguimos atrapados en una lógica fragmentada y lenta.

¿Qué hacer entonces? Desde VA – Vidal Abogados proponemos tres líneas de acción urgentes. Primero, avanzar decididamente en la digitalización y coordinación entre organismos públicos, eliminando trámites duplicados y compartiendo información de forma eficiente.

Segundo, establecer plazos máximos para las respuestas de las autoridades, con mecanismos reales de fiscalización de su cumplimiento.

Y tercero, aplicar una diferenciación regulatoria según el nivel de impacto del proyecto: no es razonable que una faena de baja escala enfrente el mismo proceso que una mega operación.

Además, mientras se trabaja en una reforma estructural, las empresas no pueden quedar de brazos cruzados.

Incorporar la estrategia de permisos desde el inicio del proyecto, planificar los tiempos y establecer relaciones tempranas con las comunidades ya no es optativo: es esencial para el éxito. Desde nuestra experiencia, la asesoría legal en etapas tempranas puede marcar la diferencia entre un proyecto fluido y uno condenado a la inercia.

Chile todavía tiene la oportunidad de modernizar su sistema de permisos y liderar una minería ordenada, sustentable y competitiva a nivel global. Pero el reloj avanza. No se trata solo de destrabar la burocracia: se trata de asegurar que el país esté preparado para enfrentar, con seriedad y eficiencia, los desafíos productivos y ambientales del siglo XXI.