La reciente fuga de la cárcel de Valparaíso no es un episodio aislado ni anecdótico, es el reflejo de la profunda crisis que atraviesa el sistema penitenciario chileno frente al avance del crimen organizado y la creciente sofisticación de la delincuencia común.
El hecho de que tres reclusos con un amplio prontuario hayan logrado escapar mediante una planificación coordinada, desafiando protocolos y debilitando la autoridad de Gendarmería, constituye una señal inequívoca de que la institucionalidad está siendo sobrepasada.
¿Recuerdan cuando en 1996 un grupo se fugó en helicóptero desde la ex Penitenciaría? Fue un acto que parecía propio de una película de acción.
Sin embargo, la diferencia con la fuga reciente es que esta no se trató de una operación política, sino de delincuentes que encontraron grietas insólitas en el sistema.
La inseguridad no sólo se multiplicó en las calles, sino que la ciudadanía siente que el sistema no es capaz de garantizar algo tan básico como el control de quienes han delinquido.
El problema trasciende lo anecdótico y apunta a una cuestión estructural ¿Puede Chile sostener un sistema penitenciario eficaz en el contexto de bandas más organizadas, cárceles hacinadas y una seguridad interna cada vez más vulnerada?
La percepción ciudadana de que los muros ya no contienen a quienes deben estar recluidos abre un debate inquietante, es que estamos retrocediendo hacia una lógica medieval, donde la única forma de protección era fortificar ciudades y restringir libertades.
Cuando el Derecho pierde eficacia por su incapacidad de aplicación oportuna, emerge el riesgo de la barbarie.
El temor social, exacerbado por hechos como este, puede impulsar la idea de que la autotutela o la legítima defensa son las únicas salidas frente a un Estado debilitado.
Ese es un camino peligroso que amenaza con erosionar la convivencia democrática.
Frente a este escenario, urge un cambio profundo. Chile necesita revisar de manera crítica sus estrategias penitenciarias y judiciales, profesionalizar y modernizar con urgencia la labor de Gendarmería, e invertir en infraestructura y protocolos que estén a la altura de las nuevas amenazas.
No basta con lamentarse o reaccionar tardíamente: el país requiere una política de seguridad integral que combine prevención, control y rehabilitación, bajo un horizonte de Estado y no de gobierno de turno.
La fuga de Valparaíso debe ser leída como lo que es, un golpe de realidad. O fortalecemos el sistema penitenciario y judicial para que la justicia prevalezca en los hechos y no sólo en el papel, o nos encaminamos a un escenario donde la inseguridad se convierta en la norma y la confianza ciudadana en las instituciones quede irremediablemente quebrada.
La crisis del sistema penitenciario en Chile exige nuestra atención inmediata. Es tiempo de actuar, de re imaginar nuestras estrategias y de asegurar que la justicia prevalezca, no sólo en el papel, sino en la realidad que enfrentamos todos los días.
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Por Cristian Muñoz, Socio Fundador de Muñoz Abogados y Cia.
