Por Rodrigo Varela, Gerente Legal de ALTO Inmune

El panorama de las licencias médicas fraudulentas ha alcanzado un nivel alarmante. El pasado 15 de julio comenzó el juicio oral en contra de 18 imputados por integrar una red que emitió más de 71.600 licencias falsas, generando un perjuicio estimado en 26.606 millones de pesos al sistema público y 1.620 millones al sistema privado.

Además, detrás de esta investigación están más de 470 médicos sospechosos, de los cuales 41 abandonaron Chile para evitar ser procesados.

Paralelamente, el escándalo del Caso Licencias Médicas, cuyo origen reviste gran gravedad política, reveló que entre 2023 y 2024, más de 25.000 funcionarios públicos viajaron al exterior mientras estaban con licencia médica activa.

Estos casos motivaron la apertura de aproximadamente 6.600 sumarios administrativos y más de 1.100 renuncias, incluyendo a funcionarios en niveles jerárquicos importantes.

Hasta hace poco, la atención pública se concentraba en Fonasa.

Pero el problema transversaliza el sistema: los afiliados de ISAPRE también sufren las consecuencias de este escenario, reflejado en alzas en planes, restricciones de cobertura y un sistema más tensionado.

En ALTO Inmune representamos a algunas Isapres, en varias querellas contra redes fraudulentas y médicos que emiten licencias ilícitas, un fenómeno que desestabiliza la equidad del sistema y castiga a quienes cumplen con su deber.

Investigaciones recientes han evidenciado además que el 1 % de los médicos emite cerca del 20 % del total de licencias, y aunque las auditorías redujeron la oferta en un 50 %, la demanda apenas bajó un 20 %: los usuarios rápidamente eligen nuevos proveedores, minando la efectividad del control.

El resquebrajamiento cultural también es grave: existe una peligrosa percepción de que solicitar o usar una licencia fraudulentamente “no es tan grave”.

Esta normalización erosiona la legitimidad de un instrumento terapéutico esencial y pone en riesgo los recursos destinados a quienes realmente lo necesitan.

Frente a esto, proponemos medidas urgentes:

– Facilitar el cruce de datos institucionales para detectar patrones sospechosos.
– Crear un registro nacional de emisores de licencias.
– Implementar herramientas de inteligencia artificial para identificar fugas sistémicas.
– Fortalecer canales de denuncia anónimos y accesibles.
– Solo la colaboración entre lo público y privado, junto con una fiscalización robusta y una transformación regulatoria, permitirá enfrentar este fenómeno de raíz y devolverle justicia al sistema.

Los trabajadores honestos merecen un sistema de salud equitativo y confiable.