El delito contra el comercio dejó hace tiempo de ser un fenómeno marginal o episódico.
Desde supermercados y farmacias hasta grandes cadenas de retail. Los datos de 2025 así lo confirman y obligan a una reflexión más profunda sobre cómo enfrentarlo de manera efectiva.
Durante el año recién pasado, se registraron 33.995 delitos contra el comercio. Lo que representa un aumento de 7,5% respecto de 2024.
Se trata de una cifra que no solo evidencia la persistencia del fenómeno delictual. También su adaptación a los ciclos económicos y a los períodos de mayor actividad comercial. No es casualidad que el 53% de los casos se haya concentrado en el segundo semestre. Especialmente entre julio y septiembre. Meses en que el consumo y el flujo de personas aumentan de manera significativa.
Más allá del volumen, estos delitos generaron pérdidas económicas. Están estimadas en más de $5.800 millones. Afectaron directamente la cadena de abastecimiento, los precios finales y, en muchos casos, la seguridad de trabajadores y clientes.
Uno de los elementos más relevantes que deja el análisis de 2025 es la concentración de los ilícitos en supermercados. Representaron el 74% del total de los casos.
Lo sigue el retail y las farmacias. Esta realidad, lejos de normalizarse, debe ser abordada con estrategias diferenciadas y focalizadas. Debe considerarse que estos espacios concentran alto flujo de personas y productos esenciales para la vida cotidiana.
Durante 2025 se interpusieron 5.454 querellas criminales, de las cuales 4.610 obtuvieron resultados judiciales exitosos, incluyendo 1.598 condenas efectivas. Estas cifras no son solo estadísticas: reflejan un trabajo sistemático que busca comunicar con claridad que delinquir tiene consecuencias concretas.
La experiencia demuestra que cuando la acción legal es constante, estratégica y respaldada por datos, es posible interrumpir carreras delictuales, reducir la reincidencia y desarticular bandas que operan de manera organizada. Hoy observamos con mayor claridad estructuras delictuales con roles definidos, planificación previa y reincidencia, lo que obliga a una respuesta igualmente organizada, que combine prevención, tecnología y judicialización efectiva.
El foco territorial también es clave. Zonas como Santiago, Antofagasta e Iquique concentran una alta actividad comercial y, por lo mismo, requieren una persecución penal sostenida en el tiempo. La evidencia muestra que allí donde existe continuidad en la acción legal, los resultados son concretos y medibles.
Combatir el delito contra el comercio no es solo una cuestión de seguridad privada o de protección patrimonial. Es un desafío que impacta en la economía, en el empleo y en la confianza de las personas. Por eso, contar con un plan estratégico de persecución penal, apoyado en el uso inteligente de datos y en una coordinación efectiva con el sistema judicial, no solo es deseable: es indispensable para contener un fenómeno que sigue evolucionando.
La experiencia de 2025 deja una conclusión clara: la persecución penal activa funciona, siempre que sea parte de una estrategia integral, constante y con foco en resultados. Ese es el camino para enfrentar un problema que, lejos de desaparecer, exige cada vez más rigor, profesionalismo y convicción.
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