Robo organizado de infraestructura eléctrica: una amenaza al suministro y a las comunidades

Robo organizado de infraestructura eléctrica: una amenaza al suministro y a las comunidades

• La operación “Alto Voltaje” dejó al descubierto una red criminal activa en ocho regiones del país.
• Son responsable del robo sistemático de infraestructura eléctrica. Principalmente el robo de cables. Esto afectó a más de 849 mil clientes de CGE entre 2023 y 2025.
• La reciente formalización de 23 imputados. Cinco de los cuales quedaron en prisión preventiva, marca un hito en la persecución de este tipo de crimen organizado.

CGE, distribuidora eléctrica que presta servicio a más de 3,4 millones de clientes entre Arica y La Araucanía, presentó una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Puerto Montt. Esto, por los delitos de asociación delictiva y receptación en contra de los involucrados en la denominada operación “Alto Voltaje”.

Esta acción forma parte de una estrategia sostenida de persecución penal. Es frente a un fenómeno que ha escalado de manera alarmante. El robo sistemático de infraestructura eléctrica. Principalmente cables de cobre, por parte de organizaciones criminales con operación a nivel nacional.

Una red criminal nacional

La investigación dirigida por el Ministerio Público y llevada a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI) fue denominada “Alto Voltaje“. Permitió identificar una organización criminal activa en ocho regiones del país, entre Arica y Parinacota y Los Lagos. Contaba con una estructura jerarquizada que va mucho más allá del hurto común.

La banda operaba con planificación y roles definidos. Grupos territoriales ejecutaban el robo de cables de cobre desde la red eléctrica. Estos tenían centros de acopio simulando operar como chatarrerías recibían y clasificaban el material.

Además, contaban con unidades de procesamiento industrial. Con ello, eliminaban cualquier rastro de trazabilidad mediante el proceso de “pelado”, trituración o fundición de los conductores. Además de una red logística que movilizaba la carga hacia puertos estratégicos (como el de Iquique). Ello, para su exportación hacia mercados asiáticos, principalmente China, utilizando documentación aduanera falsificada.

En la cúspide de esta estructura se encuentran líderes que coordinan las operaciones nacionales e internacionales de este ilícito.  Empleaban mecanismos financieros complejos para otorgar una apariencia de legalidad a las transacciones. Que eran derivadas del material de cobre robado.

Se trata de una operación delictiva con lógica empresarial. Además de vocación de permanencia en el tiempo, coordinada y diseñada para escalar.

En el marco de proceso penal, se logró la formalización de 23 imputados. Esto, por delitos que incluyen asociación delictiva y receptación. También lavado de activos, contrabando, comercio clandestino y hurto de cobre, entre otros.

Para Eduardo Hernández, Gerente Legal de ALTO Chile. “Lo que revela la operación ‘Alto Voltaje’ es que estamos frente a un delito con lógica empresarial, no frente a hurtos aislados. Hay jerarquía, roles definidos, mecanismos de lavado de activos y redes de exportación hacia mercados internacionales. Eso cambia completamente la forma en que debe enfrentarse penalmente este fenómeno: no basta con perseguir a quien corta el cable; hay que desmantelar toda la cadena, y eso es exactamente lo que esta investigación ha logrado”.

Agrega que “la formalización de 23 imputados por delitos que incluyen asociación delictiva y lavado de activos es una señal inequívoca de que la persecución penal organizada produce resultados concretos. El robo de infraestructura eléctrica no es un delito contra una empresa: es un atentado contra las comunidades que dependen de ese suministro para su vida cotidiana.

Las medidas cautelares varían según el grado de participación. 5 sujetos quedaron en prisión preventiva, otros con arresto domiciliario total y otros con arresto domiciliario nocturno, todos con arraigo nacional y prohibición de comunicación entre sí. Además, existe   otro imputado cuya detención aún se encuentra pendiente. En tanto, el tribunal fijó un plazo de investigación inicial de 120 días.

El daño en números: tres años de impacto acumulado

Entre 2023 y el primer semestre de 2025, el impacto documentado por CGE revela la dimensión del problema.

• En 2023, en su año más crítico, la empresa registró 1.223 eventos de robo que resultaron en la sustracción de 42,9 toneladas de cobre y 193 kilómetros de línea eléctrica, dejando a más de 442 mil clientes sin suministro y generando un costo de reposición superior a los 3.544 millones de pesos.
• En 2024, la situación continuó siendo grave con 715 eventos, más de 225 kilómetros de cable robado, equivalente a casi 51 toneladas de cobre y 272 mil clientes afectados, a un costo de 2.501 millones de pesos.
• En 2025, CGE acumuló más de 1.400 episodios de robo de cables en su zona de concesión con 420 kilómetros de cables y 265 mil clientes afectados en su suministro.

En el conjunto del período analizado, las acciones penales impulsadas por CGE y ALTO suman más de 473 querellas y denuncias solo en el año 2023, y más de 163 querellas adicionales desde 2025, lo que refleja la magnitud del fenómeno y la determinación de la empresa de no normalizar esta realidad.