La implementación de la Ley Marco de Ciberseguridad, la protección de infraestructuras críticas. Y la creciente conexión entre sistemas físicos y digitales obligan a las organizaciones a reforzar su capacidad para prevenir, detectar y responder ante incidentes.

Chile atraviesa un periodo decisivo en materia de ciberseguridad.

La consolidación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI). La calificación de los operadores de importancia vital y el avance en la definición de estándares básicos obligatorios. Están llevando a instituciones públicas y privadas a revisar cómo protegen sus sistemas, sus datos y la continuidad de sus servicios.

Este escenario adquiere especial relevancia para sectores como energía, transporte, salud, telecomunicaciones, servicios financieros y seguridad pública. Donde un incidente digital puede dejar de ser un problema exclusivamente informático y afectar directamente la operación. La atención a las personas o la disponibilidad de infraestructura crítica.

Del cumplimiento normativo a la resiliencia operacional

La Ley N° 21.663 establece obligaciones permanentes para prevenir, reportar y resolver incidentes de ciberseguridad.

Sin embargo, cumplir con protocolos o completar evaluaciones no garantiza por sí solo que una organización pueda mantener sus servicios frente a un ataque.

El desafío será probar que los planes funcionan. Que las responsabilidades están claras y que existen capacidades reales de recuperación.

“Las organizaciones tendrán que pasar de demostrar que cuentan con políticas a comprobar que pueden sostener su operación durante un incidente. La resiliencia se construye antes de una crisis, identificando activos y dependencias. Reduciendo puntos vulnerables y practicando cómo responder cuando una tecnología deja de estar disponible”. Señaló David Méndez, Business Development Manager de Genetec.

La convergencia entre seguridad física y digital

La expansión de dispositivos conectados también amplía la superficie de ataque. Cámaras, sensores, controles de acceso y otros equipos pueden operar durante años. Y, si no se administran correctamente, conservar credenciales débiles. Firmware desactualizado o configuraciones que faciliten accesos no autorizados.

“La ciberseguridad de una organización no termina en sus computadores o servidores. Debe considerar cada dispositivo conectado a la red. Con autenticación robusta, permisos centralizados, comunicaciones cifradas y actualizaciones continuas. Si las áreas responsables trabajan de forma aislada. Pueden quedar brechas invisibles entre la infraestructura física y la digital”. Agregó Méndez.

Datos, inteligencia artificial y confianza

Otro reto será aprovechar la inteligencia artificial sin perder el control sobre la información.

Estas herramientas pueden ayudar a detectar patrones, priorizar alertas y acelerar investigaciones. Pero su uso debe contemplar propósitos definidos, supervisión humana y reglas claras sobre qué datos se recopilan. Durante cuánto tiempo se conservan y quiénes pueden acceder a ellos.

La entrada en vigencia de la Ley N° 21.719 de Protección de Datos Personales. Prevista para el 1 de diciembre de 2026, elevará además las exigencias sobre privacidad y gobernanza.

Para las organizaciones, esto significará revisar no solo la seguridad técnica de sus plataformas. Sino también la trazabilidad, minimización y protección de la información durante todo su ciclo de vida.

Proveedores, personas y capacidad de respuesta

Las cadenas de suministro tecnológicas seguirán siendo un punto crítico. Una organización puede fortalecer sus controles y continuar expuesta a través de proveedores. Integraciones o componentes sin soporte.

Evaluar a terceros y mantener visibilidad sobre las dependencias será parte fundamental de la gestión de riesgos.

“Chile está dando pasos importantes con una institucionalidad y estándares más claros. El desafío ahora es que ese avance se traduzca en prácticas cotidianas, tecnologías seguras por diseño, capacitación y una colaboración efectiva entre áreas, proveedores e instituciones. La ciberseguridad debe entenderse como una capacidad permanente para proteger a las personas y mantener los servicios disponibles”. Concluyó Méndez.