El análisis sobre el trabajo fragmentado de las instituciones en la persecución de delitos. Junto con cómo en Chile surgen economías ilícitas. Todas, con tecnologías más sofisticadas fue uno de los principales temas que se abordaron en el seminario “El Estado Ciego 2026: Datos, Crimen Organizado y Confianza Pública”.
En la ocasión se abordó la necesidad de una arquitectura pública. Una que permita cruzar, analizar y usar los datos a tiempo. Todo, con reglas claras y seguras. Además de accesos diferenciados, trazabilidad y protección de derechos.
Esto, para poder avanzar desde el trabajo en silos hacia una mayor coordinación. Principalmente, entre instituciones para enfrentar los delitos de manera más eficiente y rápida.
La autoridad resaltó que “cuando no hay coordinación entre las distintas instituciones que manejan la información estamos dejando un importante espacio para que el crimen organizado abuse de esa posición”.
Agregó que “si el Estado no ve, no es por falta de datos. Sino porque esa información se encuentra dispersa entre distintas instituciones que no dialogan entre sí. Que operan con estándares distintos y con sistemas tecnológicos que son incompatibles entre sí. Esto encarece reglas sobre cómo y cuándo compartirlas”. Sostuvo el ministro. Añadió que el crimen organizado ha sabido ver esta debilidad convirtiéndolo en una ventaja.
Rabat mencionó que la Ley de Datos Personales que entra en vigencia en diciembre, la Ley de Ciberseguridad (que pone énfasis en el tratamiento de datos), y la modificación a la Ley de Notarios obligará a mantener información en línea.
“Apuntarán a que exista una coordinación entre las distintas instituciones del Estado. Esto, en materia de datos e información financiera, inmobiliaria, de vehículos, sociedades, etc”.
El secretario de Estado también se refirió a la Agenda contra el Crimen Organizado. Además del Terrorismo (ACOT), en especial, la agencia de Decomiso planteada por el gobierno. Indicó que hoy tenemos aproximadamente 250 bienes raíces decomisados. “Que todavía no han podido ser rematados. Lo que buscamos con la Agencia de Decomiso es que, una vez dictada una medida cautelar, sea esta institución la que asuma la administración de los bienes. Así, tras la sentencia de comiso, puedan enajenar de manera inmediata. Los recursos obtenidos estarán destinados a mejorar la infraestructura y tecnología de las policías. También a crear un fondo de reparación para las víctimas. El proyecto ya se encuentra preparado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Lo estamos trabajando con la Dirección de Presupuestos en la definición de su planta de personal”.
“El Estado deja de ser ciego cuando mira con los ojos del mundo privado y del público. En ALTO hemos visto el éxito de casos penales. Donde conseguimos condenas ejemplificadoras y también las dificultades y la pérdida de tiempo en los procesos investigativos. Esto, cuando las instituciones no están interconectadas”.
En ese contexto, recalcó que la firma tiene “un 300% de mayor efectividad en casos de imputados conocidos trabajando en conjunto con el Ministerio Público y policías. El Estado necesita de la colaboración privada para maximizar sus resultados. Lo hace utilizando sus recursos actuales de manera efectiva y eficiente. Finalmente, el objetivo del sector público y el privado debe ser el mismo. Mejorar la seguridad de Chile”.
La ejecutiva agregó. “Es importante considerar al mundo privado en las mesas de trabajo al momento de pensar en normativas. En ALTO lo hemos visto en la práctica. Cuando las cosas son pensadas y hechas más allá de la teoría, y cuando en terreno funcionan y cuando no. El Estado no puede combatir solo el crimen organizado. Necesita al sector privado”.
María José Naudón es Decana de la Escuela de Gobierno de la UAI. Señaló, “desde una Escuela de Gobierno, nuestra tarea es contribuir a un Estado más integrado. Junto a una mejor colaboración entre lo público y lo privado. Hoy los grandes desafíos son seguridad, salud, educación, protección social o desarrollo productivo. Exigen que la información pueda circular de manera segura, con reglas claras y responsabilidades definidas. La ley debe proteger los datos y los derechos. Pero no puede paralizar la colaboración ni la capacidad de actuar. Incidir es ayudar a construir ese equilibrio. Trabajar para una mayor integración y reconstruir confianza a partir de esto”.
Tras la intervención de ambas autoridades, se desarrolló un primer panel de análisis. Contó con la participación del alcalde de Providencia, Jaime Bellolio. También de la Subdirectora Jurídica de Servicio de Impuestos Internos. Junto a Bárbara Olivares, Vicepresidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo y Cecilia Valdés.
En la instancia se enfatizó en la necesidad de contar con datos unificados para un mejor combate contra las economías ilícitas. El alcalde Bellolio relató la experiencia de la comuna al contar con infraestructura de seguridad y monitoreo para la prevención de delitos.
“No basta con tener cámaras o conectar infraestructura a internet; necesitamos responder al delito del siglo XXI con un ecosistema y tecnología del siglo XXI. Para combatir la delincuencia en igualdad de condiciones, se requiere unificación de criterios, colaboración institucional y voluntad política. En Providencia ya tenemos más de 1.000 cámaras de televigilancia gracias al apoyo del concejo, vecinos y comerciantes, entre otros, lo que nos ha permitido disuadir, perseguir el delito y aportar pruebas relevantes para lograr condenas”, sostuvo el edil.
“Lo importante es que para combatir el crimen organizado al mismo nivel y poder vencerlo en igualdad de condiciones necesitamos que haya unificación de criterios, colaboración entre los distintos estamentos del Estado y que haya voluntad política”, agregó.
“La declaración de renta tiene los ingresos. Además de los gastos y los movimientos que el contribuyente puede tener. La tenemos en abril del año siguiente a que realizó esos movimientos, por lo tanto, siempre estamos detrás de todas las operaciones”, recalcó. Agregó que se ha logrado mayor simultaneidad en la obtención de la información a través de la facturación electrónica.
“Hemos generado mucha información y glosa a partir de las facturas que se emiten. A través de los sistemas, de ciertas características que nosotros hemos podido identificar en este tipo de operaciones, hemos podido llegar a multas”, recalcó.
En tanto, la vicepresidenta de la CNC, resaltó la importancia de la data dentro del comercio enfatizando que es “casi un commoditie. Es muy complejo manejarla, entonces hoy no es falta de información sino falta de gestión”. Cecilia Valdés expresó, además, que “se necesita mucha gestión, mucha inteligencia de parte del Estado, mucha coordinación, y a veces estamos llegando tarde”.
“Se entrega la información al Servicio Impuestos Internos, pero a veces las fiscalizaciones son tardías. Los municipios no siempre tienen las herramientas indicadas. Ahí se nos va cortando la cadena, la urgencia, se van dilatando los hechos y no logramos cerrar el círculo de poder tener presas a las personas involucradas”.
Por último, en un segundo panel de conversación el exministro y expresidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Ignacio Piña. Además de Romina Garrido, Subsecretaría de Telecomunicaciones. Ambos enfatizaron sobre métodos de prevención. Esto, a través del uso de datos, la seguridad privada y las nuevas regulaciones en esta materia.
Juan Ignacio Piña reforzó que dentro de los métodos de prevención es necesario contar con el aporte y experiencia del mundo privado para apoyar y aportar con su experiencia en el trabajo de las instituciones de seguridad.
“Podemos ver en Chile el proceso de pasar de la fiscalización y el control a la colaboración público-privada. En este momento, las necesidades de integración de custodia de la información y de esa colaboración público-privada es precisamente la que nos está abriendo puertas que antes eran impensadas”, indicó.
ALTO es una empresa multinacional de servicios dedicados a la protección de personas, marcas y activos. Esto, frente a infractores de la ley. Con equipos especialistas en la disminución y persecución penal de delitos que sufren las empresas. ALTO identifica las vulnerabilidades de seguridad y analiza el comportamiento delictivo para tomar decisiones y ejecutar estrategias en torno a la prevención de pérdidas.
ALTO está presente en Chile, México, Colombia, España y Estados Unidos. Contacto: www.alto.cl/
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