Negociadores de 182 Partes reunidos en la COP17 de biodiversidad de la ONU, en Ereván, Armenia, acordaron un plan de acción para acelerar la implementación de las metas de naturaleza a 2030. Las Partes también alcanzaron consensos en temas clave de financiamiento y abrieron una vía para fortalecer los enfoques basados en derechos humanos dentro del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB).

Además, una votación definió que Quito, Ecuador, será sede de la COP18 en 2028.

La conferencia mundial de biodiversidad volverá así a América Latina, tras la COP16 de Cali, Colombia, en 2024. Lo que da a la región una oportunidad concreta de avanzar y profundizar resultados.

La decisión central, denominada «Camino de Ereván», reconoce que la acción actual es insuficiente y que se debe aumentar la ambición.

Pide a los países acelerar y ampliar su acción, incluidos sus compromisos de financiamiento. Y reformar al menos US$500.000 millones en subsidios perjudiciales para la naturaleza.

“La Revisión Global es una señal contundente para los países: deben hacer más por la naturaleza. Pero sin un aumento claro de los fondos para poder cumplir. Temo que el financiamiento seguirá rondando como un fantasma las cumbres de biodiversidad de la ONU. Quienes regresan a sus países deben convertir ahora la Revisión Global en acción concreta, escalando la recuperación de la naturaleza mediante la transformación de los sectores y actividades más dañinos de nuestros sistemas alimentarios y financieros”. Señaló Daudi Sumba, director de Conservación de WWF Internacional.

Los gobiernos tuvieron dificultades para acordar cómo se organizará el financiamiento después de 2030. Pero aprobaron los criterios que guiarán el futuro mecanismo financiero permanente.

También acordaron ampliar de forma voluntaria la base de países donantes y realizar una revisión formal del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y del Fondo del Marco Global de Biodiversidad (GBFF).

El Fondo Cali, en cambio, sigue estancado. Solo hay US$10.000 comprometidos. Frente a un umbral de entre US$150 y 200 millones que algunos países consideran necesario para activarlo.

Para América Latina y el Caribe, el balance combina logros y responsabilidades. “América Latina y el Caribe llegó a Ereván con iniciativas y propuestas concretas. Desde la restauración de ecosistemas críticos, la protección y conservación de biomas como la Amazonía y el Pantanal. Y también la conectividad ecológica para especies emblemáticas como jaguar en paisajes terrestres y las ballenas con el Corredor Azul del Pacífico Oriental. Ahora la región vuelve con mayor responsabilidad. Luego de la elección de Quito como sede de la COP18. Ecuador, país megadiverso, tendrá en 2028 la oportunidad de demostrar que el Fondo Cali puede operar y que los pueblos indígenas y las comunidades locales. Custodios de gran parte de nuestra biodiversidad, pueden incidir en las decisiones y el financiamiento. Sin embargo, esto no podrá sostenerse sin recursos”. Señaló María Inés Rivadeneira, líder regional de Políticas de WWF para América Latina y el Caribe (LAC). Explicando que es imprescindible que nuestra región latinoamericana impulse que la Revisión Global se traduzca en fondos y acciones concretas.

Conectividad: un desafío regional con liderazgo desde Chile

La conectividad ecológica fue uno de los temas regionales más visibles de la COP17. En el océano, el Corredor Azul del Pacífico Oriental. Iniciativa que se lidera desde Chile. Busca proteger las rutas migratorias de ballenas y otra megafauna marina desde Alaska hasta la Península Antártica. Y contribuye también a la meta 30×30 de proteger y conservar al menos el 30% de la superficie terrestre, las aguas dulces y los océanos del planeta de aquí al año 2030.

En Ereván fue presentado en un evento paralelo junto a diversos actores de la región.

La necesidad de restaurar quedó fuertemente instalada con el informe “El regreso de la naturaleza”. Lanzado en la COP17 por la FAO, el PNUMA y la Secretaría del CDB.

El documento registra unos 252 millones de hectáreas en restauración en 149 países, el mayor esfuerzo documentado hasta ahora. Advierte, sin embargo, que la implementación debe triplicarse para cumplir la Meta 2 del Marco Global de Biodiversidad Y que la inversión anual debe pasar de US$64.000 millones a US$296.000 millones.

El avance es desigual. La restauración de agua dulce alcanza solo el 4,5 % de lo necesario, y la de ecosistemas marinos y costeros, el 23 %.

El reporte menciona a Chile, junto con México y Colombia. Por fortalecer sus sistemas nacionales de reporte mediante monitoreo estandarizado y una amplia participación institucional.

Es una base relevante para un país golpeado por megaincendios. Que necesita traducir su ambición en hectáreas restauradas, verificables y financiadas. Con una meta de un millón de hectáreas al 2030 comprometida en el marco del Acuerdo de París contra el cambio climático.

Otro hito regional fue el informe “Estado de las OMEC en América Latina y el Caribe”. Presentado en la COP17 en el marco de la Agenda Colaborativa OMEC 2025-2030.

Es la primera evaluación regional sobre estas otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas (OMEC). Analiza 36 países y territorios y establece una línea base para monitorear el avance hacia la Meta 3, el 30×30.

Fue elaborado por WWF, Re:wild, TNC y WCS. Con apoyo del Grupo de Especialistas en OMEC de la CMAP-UICN.

Para Chile, el desafío es avanzar en el reconocimiento, registro y reporte de estas áreas. De modo que los esfuerzos de comunidades, pueblos indígenas y privados cuenten para sus metas de conservación.

“Chile llega a esta nueva etapa con una oportunidad. Aportar a la conectividad marina con el Corredor Azul del Pacífico Oriental y empujar materias pendientes. Como avanzar en OMEC, redoblar los esfuerzos en restaurar y asegurar financiamiento. Con la COP18 en Quito, América Latina estará bajo la mirada del mundo y Chile también debe ser parte de las soluciones y avances”. Sostuvo Ricardo Bosshard, director de WWF Chile.

Entre las deudas que dejó la conferencia, destaca la no incorporación en el texto final de referencias al Tratado sobre la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales. O Tratado de Alta Mar (BBNJ). Punto que fue decididamente defendido por Chile. Que impulsa a Valparaíso como sede permanente de la secretaría de este tratado. 

En una mirada general, la COP17 también acordó la gobernanza del Órgano Subsidiario del Artículo 8j. Clave para la participación plena de pueblos indígenas y comunidades locales.

En paralelo, la Presidencia armenia informó US$1.800 millones en compromisos movilizados. Un grupo de países para acelerar la reforma de subsidios perjudiciales. Una Declaración Conjunta sobre las Sinergias de Río y el primer diálogo entre ministros de Ambiente y Finanzas.