Por: María José Vidal Olmedo, abogada experta en derecho minero y tributario, y socia de VA – Vidal Abogados.
En días recientes, ha existido una preocupación transversal del mundo profesional y académico frente a la creciente discrecionalidad del Servicio de Impuestos Internos (SII).
Abogados, contadores y profesores universitarios manifestaron su inquietud ante un cambio silencioso pero profundo en la manera en que se están ejerciendo las facultades de fiscalización y recaudación.
No se trata de una crítica ideológica ni de una resistencia al control tributario, sino de una advertencia fundada sobre el riesgo que implica debilitar un pilar esencial de todo Estado de Derecho: la certeza jurídica.
La evolución del sistema tributario en Chile ha estado marcada por sucesivas reformas, muchas de ellas diseñadas con un enfoque recaudatorio que ha sacrificado en el camino la simplicidad, la estabilidad y la coherencia normativa.
Sin embargo, el problema actual no se limita a la complejidad de las leyes.
Lo que está en cuestión es el modo en que la administración tributaria interpreta y aplica esas normas, muchas veces modificando criterios sin mecanismos de participación ni control, o utilizando herramientas tecnológicas sin los resguardos suficientes de transparencia y debido proceso.
En mi experiencia, observo con preocupación los efectos que esta incertidumbre genera en la toma de decisiones estratégicas de las empresas.
La tributación es un elemento clave en la evaluación de inversiones, reestructuraciones corporativas, fusiones y adquisiciones. Cuando las reglas cambian sin aviso previo, o cuando las decisiones de la autoridad no siguen un patrón verificable, las organizaciones se ven forzadas a operar en un entorno de riesgo constante.
Esto afecta no solo a los grandes contribuyentes, sino también a millas de medianas empresas que buscan expandirse, formalizarse y contribuir al desarrollo económico del país.
Aplicación de la IA y tecnología
El uso de inteligencia artificial, análisis de datos y algoritmos predictivos por parte del SII puede aportar eficiencia, pero debe estar alineado con garantías básicas.
Una administración tributaria moderna debe combinar herramientas digitales con criterios objetivos y mecanismos de rendición de cuentas. De lo contrario, la innovación se transforma en opacidad, y la eficiencia en arbitrariedad.
Desde una perspectiva jurídica, el principio de legalidad tributaria exige que todo tributo —y sus elementos esenciales— esté definido en la ley, y que su aplicación se ajuste a parámetros predecibles.
La función del SII es aplicar esas normas, no reinterpretarlas a su conveniencia ni alterar los equilibrios que el legislador ha establecido.
En este sentido, el control judicial, la actuación colegiada de los tribunales tributarios y aduaneros, y la transparencia en los procesos administrativos son fundamentales para restablecer la confianza del sistema.
Chile necesita avanzar hacia una reforma tributaria que promueva la inversión, la formalización y el cumplimiento. Para ello, la certeza jurídica no es un lujo, sino una necesidad básica.
Los contribuyentes no exigen beneficios ni privilegios, sino reglas claras, estables y conocidas con anticipación.
La predictibilidad no inhibe la fiscalización; al contrario, la fortalece, porque permite que todas las partes actúen con conocimiento y responsabilidad.
Las señales que emite hoy el sistema tributario son confusas. La falta de claridad debilita no solo el cumplimiento, sino también la legitimidad de las instituciones.
Si queremos avanzar hacia un desarrollo económico sostenido, con estándares más altos de gobernanza y responsabilidad fiscal, debemos cuidar con rigor los principios que dan sustento al pacto fiscal.
Se debe construir una relación equilibrada entre Estado y contribuyentes. La certeza jurídica no solo protege derechos; también crea valor, impulsa la innovación y favorece las decisiones informadas. Sin ella, el crecimiento se vuelve frágil y la justicia tributaria se transforma en una aspiración lejana.
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